Juan José Toro Montoya

En actos sobrios realizados en Sucre, periodistas de todo el país conmemoramos el centenario de la Ley de Imprenta, que fue promulgada el 19 de enero de 1925.
La principal crítica que escuchamos es que no se podía festejar que una ley cumpla 100 años porque, por su naturaleza, las normas cambian conforme se transforman las sociedades, puesto que son el resultado de éstas. Y la prueba es precisamente esta ley, puesto que, cuando se promulgó, la sociedad boliviana era diferente y sus medios de comunicación también. La radio estaba en etapa experimental, así que el único medio de alcance colectivo era el periódico, lo que determinó que la norma regule fundamentalmente la actividad de impresión, de donde viene su nombre.
Hoy en día, el periodismo impreso ha sido avasallado por otras formas comunicacionales, como los audiovisuales, a los que se puede acceder no solo mediante la televisión sino también a través de las redes sociales, que se han convertido en otros medios de comunicación y; sin embargo, no son regulados por nada ni por nadie.
Si la sociedad funcionaría como debe ser, la Ley de Imprenta debió transformarse hasta convertirse en una Ley General del Periodismo que abarque a todas las plataformas existentes, pero no… estamos en Bolivia y, aquí, las cosas funcionan según capricho de los politiqueros. Para ponerlo más claro: cualquier modificación —o, peor, una sustitución— de la Ley de Imprenta tendría que pasar por el Órgano Legislativo que está integrado por personas elegidas en listas de organizaciones políticas. Si se permite que éstas toquen la Ley de Imprenta, la cambiarán a su conveniencia y a la de sus conglomerados partidarios. Esa es la razón por la que los periodistas siempre se opusieron a una transformación de la Ley de Imprenta que pase por manos de los politiqueros.
Eso sí… la única manera de modificar la ley es a través del Legislativo, así que, si se quiere hacerlo, es necesario llegar a un acuerdo con ese colectivo, que es lo mismo que pactar con la clase política. La base del acuerdo sería que sea el propio periodismo el que, a través del consenso de sus organizaciones, elabore un proyecto de ley que sea presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que ésta la apruebe sin tocar ni siquiera una coma.
Sí. Sería una medida excepcional, e inédita, pero necesaria. A lo largo de 100 años, el poder político ha demostrado que quiere controlar a la prensa, así que sería altamente perjudicial para el interés nacional, que se le permita tener ese control, mediante ley expresa.
Por ahora, la Ley de Imprenta funciona así, tal como está, porque las tecnologías posteriores a su promulgación —como la radio, televisión, satélite e internet— son consideradas como parte de ella por la vía de la homologación.
Si los políticos quieren transformarla para bien, o actualizarla, tendrán que aceptar la opción de la iniciativa legislativa ciudadana, reconocida por los artículos 11.II.1 y 162.I.1 de la Constitución Política del Estado. Si no… bien pueden transcurrir otros 100 años.

Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.