Marcelo Chinche Calizaya

La justicia en Bolivia est谩 muy lejos de cumplir los est谩ndares interamericanos de acceso y el debido proceso; la vigencia de garant铆as legales m铆nimas para ejercer los medios de defensa, as铆 como la reparaci贸n oportuna y adecuada en el marco de un sistema de justicia independiente, imparcial y libre de interferencias de los otros 贸rganos del Estado.
Resulta insufrible apreciar c贸mo se ha politizado la justicia y se ha judicializado la pol铆tica en estos 煤ltimos 17 a帽os por el actual partido gobernante, que no ha dudado en oprimirla e instrumentalizarla para sus oscuros prop贸sitos de persecuci贸n, acallamiento, control de sentencias y fallos judiciales a gusto y placer, dirigidos a silenciar las voces disonantes que cuestionan su insalubre proceder. Tal situaci贸n ahonda a煤n m谩s la crisis y el descr茅dito de la sociedad hacia un 脫rgano Judicial manipulado; cuyos males cr贸nicos dan cuenta de la corrupci贸n, retardo procesal, falencias normativas y ausencia de independencia; dificultades de acceso de la poblaci贸n al sistema judicial y la presi贸n pol铆tica sobre jueces y magistrados; la falta de conformaci贸n de una verdadera carrera judicial; tipificaci贸n de delitos penales abstractos, poco claros y objetivos; adem谩s del insuficiente presupuesto gubernamental asignado a este sector.
El anhelo de consolidar una justicia independiente y efectiva, tan esencial para la vida digna y el disfrute de los derechos humanos, nunca fue debidamente contemplada por este gobierno, pues siempre consider贸 en la pr谩ctica que el Poder Judicial, encargado de administrar justicia, deb铆a estar sometido al Poder Ejecutivo, encargado de gobernar, y al Poder Legislativo, encargado de dictar leyes. Dicha ausencia de independencia, junto al uso de la persecuci贸n penal con fines estrictamente pol铆ticos, no hizo otra cosa que vulnerar flagrantemente el debido proceso; las deficiencias en las diligencias de investigaci贸n, imputaciones infundadas, detenciones arbitrarias; naturalizaci贸n en el uso excesivo y prolongado de la detenci贸n preventiva, como medida ordinaria que respalda esta nefasta instrumentalizaci贸n pol铆tica del 贸rgano de justicia.
La salida a la crisis del sistema judicial exige desprendimientos honestos y sinceros para afrontar una reforma estructural profunda, que asegure el acceso a la justicia de las v铆ctimas, el debido proceso y la reparaci贸n oportuna y adecuada; la elecci贸n transparente de operadores de justicia, cuyos criterios de selecci贸n sean la meritocracia, trayectoria, experiencia profesional y el compromiso firme con los derechos humanos. Tal proceso exige desterrar cualquier inter茅s pol铆tico o partidario, as铆 como los tan acostumbrados padrinazgos pol铆ticos que han primado en estos procedimientos donde los 鈥渂eneficiados鈥� –como es previsible–, siempre buscaron manipular y distorsionar resoluciones en una l贸gica de lealtad partidaria y favorecimiento indebido a quienes gozan del privilegio de estar arrimados al poder del gobierno. Asimismo, para cortar de ra铆z los favoritismos pol铆ticos o partidarios, es indispensable el concurso de representantes id贸neos del mundo acad茅mico, la magistratura, los colegios de profesionales y la sociedad civil para la selecci贸n de candidatos.
El Estado no puede seguir evadiendo su responsabilidad y obligaci贸n de garantizar la autonom铆a funcional, administrativa y financiera del 脫rgano Judicial; el ejercicio de sus actividades de acuerdo con los m谩s altos principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonom铆a, unidad, jerarqu铆a y, fundamentalmente, devolverle a la sociedad y las v铆ctimas la confianza, transparencia e imparcialidad del derecho al debido proceso, asegurando su independencia, tal como establece la Constituci贸n Pol铆tica del Estado.
Ojal谩 en alg煤n momento del transitar hist贸rico, el pa铆s pueda contar con un sistema de justicia con verdadera independencia, inclusiva, 谩gil, pronta y eficiente; con credibilidad, imparcialidad y transparencia; cuyas resoluciones est茅n fundadas en la verdad material de los hechos, libre de intereses y maniobras pol铆ticas de protecci贸n y favorecimiento indebido.

El autor es docente e investigador.