Rolando Coteja Mollo

En el año 2024, los datos sobre la violencia en Bolivia son alarmantes y nos obligan a reflexionar profundamente sobre nuestra realidad social. Con 35 infanticidios, 84 feminicidios y un incremento en los delitos, la situación se ha tornado insostenible. Estas cifras no solo representan estadísticas frías; detrás de cada número hay una historia de dolor, sufrimiento y, sobre todo, una sociedad que parece haber perdido el rumbo en su búsqueda de la convivencia pacífica.
La violencia de género, en particular, es un fenómeno que refleja una cultura patriarcal arraigada en nuestras sociedades. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violencia contra las mujeres en América Latina es un problema estructural, que requiere no solo atención inmediata, sino también un cambio cultural profundo. En Bolivia, donde las tradiciones y costumbres han perpetuado estereotipos de género, la violencia se ha normalizado, y cada feminicidio se convierte en un triste recordatorio de la impunidad que rodea estos crímenes.
Es fundamental que la sociedad civil tome un papel protagónico en la lucha contra este flagelo. No podemos permitir que la violencia se convierta en una constante en nuestras vidas. Las campañas de sensibilización y educación en igualdad de género son esenciales. Según un estudio de la Fundación para el Periodismo (2022), la educación en temas de género desde la infancia puede contribuir significativamente a la reducción de la violencia en el futuro. Esto implica no solo informar sobre los derechos, sino también fomentar el respeto y la empatía entre todas las personas.
Además, las autoridades deben asumir un compromiso real con la justicia. La impunidad es uno de los principales factores que alimenta la violencia. Un informe de Amnistía Internacional (2023) destaca que, en muchos casos de feminicidio, las investigaciones son inadecuadas y los culpables no enfrentan las consecuencias de sus actos. Es inaceptable que las familias de las víctimas vivan con el dolor de la pérdida y, al mismo tiempo, con la frustración de ver que la justicia no llega.
La responsabilidad también recae en la población en su conjunto. Es necesario fomentar un ambiente de apoyo y solidaridad. En lugar de silenciar el dolor ajeno, debemos aprender a ser aliados en la lucha. Las redes comunitarias pueden jugar un papel clave en la prevención de la violencia, brindando apoyo a las víctimas y creando espacios seguros, donde se pueda hablar abiertamente sobre estos problemas.
Desde una perspectiva más amplia, es imperativo repensar la educación en nuestro país. La formación integral debe incluir no solo aspectos académicos, sino también valores como la tolerancia, el respeto y la resolución pacífica de conflictos. La educación es, sin duda, una herramienta poderosa para construir una sociedad más justa y equitativa. Así lo señala la UNESCO (2021), que destaca la importancia de una educación que promueva la paz y los derechos humanos desde una edad temprana.
Finalmente, como sociedad, debemos comprometernos a no ser cómplices del silencio. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de generar cambios, ya sea a través del activismo, la educación o simplemente alzando la voz contra la injusticia. La lucha contra la violencia en Bolivia no solo es una cuestión de políticas públicas, sino un reto que nos involucra a todos. No podemos seguir permitiendo que estas muertes se justifiquen con excusas vacías. Es hora de actuar, de ser responsables y de construir un futuro donde la vida sea valorada y respetada en todas sus formas.

El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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