Miguel Ángel Amonzabel Gonzales

Bolivia enfrenta una crisis crónica en su sector de hidrocarburos, evidenciada por desabastecimientos recurrentes, contrabando y una red de transporte de carburantes ineficiente. Estas deficiencias salieron a la luz con las largas colas en estaciones de servicio durante agosto, noviembre y diciembre de 2024, especialmente para conductores de vehículos diésel, quienes deben esperar horas o incluso pasar la noche buscando combustible. A pesar de que las filas han disminuido en los últimos días, el problema persiste, impactando negativamente en el transporte público y el sector productivo, agravando las consecuencias económicas y sociales de esta crisis.
El origen del desabastecimiento de hidrocarburos en Bolivia puede rastrearse a decisiones políticas de hace dos décadas. En 2004, el gobierno de Carlos Mesa congeló los precios de los combustibles, una política reforzada en 2006 tras la nacionalización de los hidrocarburos liderada por Evo Morales. Aunque estas medidas buscaban aliviar a los ciudadanos, obligaron a las petroleras a vender barriles de petróleo con precios muy por debajo del mercado internacional, desincentivando la exploración y explotación. Como resultado, la producción nacional disminuyó drásticamente, generando una dependencia estructural de las importaciones.
Un intento de eliminar las subvenciones en 2010, encabezado por el entonces ministro de Economía, Luis Arce, provocó protestas masivas que obligaron al gobierno a retroceder. Esta decisión perpetuó un modelo de subvenciones financiado por los ingresos extraordinarios del súper ciclo de materias primas. Sin embargo, con el agotamiento de estos recursos y el aumento de la deuda externa, el modelo demostró ser insostenible. Los desabastecimientos intermitentes actuales reflejan la incapacidad del gobierno para garantizar un suministro constante de hidrocarburos, una situación que podría empeorar en 2025 si no son tomadas medidas estructurales.
El contrabando es otro factor crítico que agudiza la crisis. La disparidad de precios entre Bolivia y países vecinos, como Perú, Chile, Brasil y Argentina, ha creado un mercado negro altamente lucrativo. Redes clandestinas exportan ilegalmente combustibles subsidiados, generando pérdidas anuales estimadas en 600 millones de dólares. Este fenómeno no solo involucra a contrabandistas, sino también a funcionarios corruptos dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según diversas denuncias. Mientras tanto, los ciudadanos continúan enfrentando largas filas y escasez, lo que pone de manifiesto un sistema que beneficia a unos pocos a expensas de la mayoría
La gestión ineficiente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) también contribuye al problema. A pesar de contar con una extensa red de ductos que podrían abaratar los costos de transporte, Bolivia depende de camiones cisterna, un método costoso y obsoleto. Actualmente, unas 700 cisternas transportan diésel y gasolina desde el extranjero, regresando vacías, lo que refleja una falta de planificación y posibles actos de corrupción. Además, las refinerías operan muy por debajo de su capacidad, evidenciando negligencia en el mantenimiento e insuficiente inversión para maximizar su eficiencia.
El modelo de precios uniformes en todo el país genera otra distorsión económica que fomenta el contrabando. Este esquema ignora los costos variables de transporte, lo que aumenta la carga fiscal y desincentiva una distribución eficiente. Regiones más alejadas enfrentan costos logísticos significativamente más altos, que no se reflejan en el precio final, exacerbando las desigualdades regionales.
La eliminación de la subvención parece inevitable, pero plantea riesgos significativos. Sectores como el agroindustrial y el minero, que dependen de energéticos artificialmente baratos, podrían enfrentar serias dificultades económicas. Un aumento en los precios podría hacer insostenibles sus operaciones, agravando el desempleo y profundizando la desaceleración económica. Además, la resistencia social será significativa, como demostraron las protestas de 2010.
Otro aspecto crítico es el subuso de la infraestructura existente. Bolivia cuenta con 3.011 Km de oleoductos y 1.706 Km de poliductos que cubren gran parte del país, pero estos recursos son utilizados solo parcialmente. El mantenimiento inadecuado desde la nacionalización de YPFB ha dejado muchas de estas infraestructuras en mal estado, lo que refleja negligencia o corrupción. El transporte mediante cisternas, un sistema ineficiente y costoso, pone de manifiesto una grave falta de planificación.
Reutilizar los ductos y aumentar la capacidad de las refinerías podría reducir costos y mejorar la eficiencia. Es fundamental invertir en el mantenimiento de estas infraestructuras y en la compra de crudo para su refinación en el país. Estas medidas permitirían maximizar la capacidad instalada de las refinerías, que ha disminuido desde 2015 debido a la reducción en la producción de hidrocarburos.
Mientras tanto, las largas filas en las estaciones de servicio siguen siendo un símbolo visible de un sistema en crisis. Bolivia enfrenta una encrucijada: continuar con un modelo insostenible o emprender las reformas necesarias para garantizar un futuro más estable y equitativo. El tiempo para tomar decisiones audaces se agota, y el país debe actuar ahora para evitar un colapso mayor en su sector de hidrocarburos.

El autor es Investigador y analista socioeconómico.