Los pueblos indígenas como Esse Ejja, Lecos, Mosetenes Chimanes, Tacanas y los Uchupiamona viven desde hace siglos en la Amazonia boliviana, pero se han visto amenazados por la contaminación por mercurio especialmente en los ríos Beni y Madre de Dios, de los que sacan los peces que son la base de la dieta alimenticia de las comunidades de esa región. Preocupados, los pueblos indígenas adheridos a la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) pidieron ayuda al Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) para saber qué estaba pasando.

Las entidades contactaron a la Facultad de Toxicología de la Universidad de Cartagena en Colombia que hizo 350 exámenes de cabello a miembros de diversas comunidades que arrojaron en promedio la presencia de siete partes por millón (ppm) de mercurio, siete veces más de lo saludable, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El científico colombiano Jesús Olivero, quien tomó las muestras, presentó los resultados del estudio el año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su informe contó que realizaron evaluaciones del estado de salud de los indígenas a través de encuestas y “fue notable el reporte de la pérdida de memoria, temblor en las manos y problemas sensoriales para un buen número de personas, sobre todo en aquellas con elevada contaminación por mercurio”, afirmó.

El mercurio es un metal sumamente peligroso, pues su exposición genera discapacidades graves y puede ser particularmente letal en niños y embarazadas. “Me siento molesta, invadida. En Bolivia, ignorábamos por completo cómo se estaba usando el mercurio. Las comunidades denunciaron que comenzaron a presentarse problemas de salud propios de la contaminación como daños en la piel, niños con diarrea, mujeres abortando, síntomas y efectos que aseguran no habían visto antes”, afirmó Ruth Alipaz, dirigente de Contiocap y defensora de territorios indígenas y derechos del medio ambiente en la Amazonia boliviana.

Alipaz, quien nació en la comunidad de San José de Uchupiamonas, en el norte del departamento de La Paz, donde viven cerca de 80 familias que en su mayoría habitan casas de barro y techos de jatata, una especie de palmera tradicional de la zona, tuvo el doble del nivel tolerable de mercurio en el cuerpo cuando se hizo un examen en 2019.

“Me he realizado nuevos estudios que indicaron que mis niveles de mercurio siguen subiendo. Desde 2019 tengo un cuadro diarreico crónico”, sostiene Alipaz.

Investigadores alertan que la contaminación estaría extendida a todas las comunidades de la cuenca del Amazonas que conviven con mineros cooperativistas que utilizan el mercurio en la zona para separar y extraer el oro de las rocas o piedras de los ríos. Después de utilizarlo, los mineros tiran el mercurio a los ríos contaminando a los peces, desatendiendo normas locales que los obliga a reciclar este tóxico metal.

“Lo que ya se ha identificado con evidencia científica es el impacto que tiene el mercurio sobre los peces en los ríos de la Cuenca de la Amazonia boliviana. El minero bota el mercurio al río hasta que eso llega a las personas a través de los pescados que consumen”, manifiesta Oscar Campanini, director del Cedib e investigador en temas de medio ambiente, agua, extractivismo y derechos humanos.

PLANES DE ACCIÓN

El año pasado, las comunidades amazónicas presentaron ante la CIDH una denuncia de afectación a la vida y salud de los pueblos indígenas por la contaminación de mercurio. La institución de la OEA conminó al Estado boliviano a presentar un plan de acción para reducir el uso y comercialización del mercurio.

Bolivia fue uno de los 140 países que se adhirieron al Convenio de Minamata sobre el mercurio que, entre otras disposiciones, reduce, controla y elimina el uso de mercurio, tanto en la minería como en la industria.

En enero pasado, el Gobierno del presidente Luis Arce presentó dos proyectos. El primero, denominado Plan de Acción Nacional (PAN), será ejecutado en dos años con una inversión de 500.000 dólares para la elaboración de estrategias y mecanismos con el fin de reducir gradualmente el uso del mercurio en la minería.

La segunda iniciativa es el proyecto PlanetGOLD Bolivia durará cinco años con un presupuesto de unos 6,5 millones de dólares con el fin de aumentar el acceso al financiamiento que conduzca a la adopción de tecnologías sostenibles sin mercurio.

Ambos planes buscan “mitigar los impactos ambientales fundamentalmente en actividades mineras que utilizan el mercurio” y “evitar que la explotación de este recurso afecte las condiciones de vida de las comunidades bolivianas”, dijo durante la presentación Juan Santos Cruz, ministro de Medio Ambiente y Agua.

MERCURIO CONTAMINA

CALLES BOLIVIANAS

La actividad aurífera ha crecido exponencialmente en los últimos años. En 2020, se exportaron 25 toneladas de oro metálico con un valor de 1.276 millones de dólares, mientras que en 2022 alcanzó a 64 toneladas con un valor de 3.003 millones, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas

(INE).

Según El País, el gobierno del expresidente Evo Morales impulsó el crecimiento de las mineras cooperativistas de cerca de 800 en el inicio de su mandato en 2006 a unas 1.900 al concluir su presidencia en 2019. Las cooperativas, responsables del 94% de la producción de oro en Bolivia, se convirtieron en aliadas de Morales y fueron favorecidas con leyes como en el 2016 cuando Morales decretó la flexibilización de las regulaciones ambientales para este sector, o la reducción del pago de regalías al Estado del 7% al 2,5% por la explotación.

El boom de la extracción de oro generó también más demanda de mercurio. Para producir una tonelada de oro, se emplean entre tres y cuatro toneladas de este metal tóxico.

Los mineros obtienen el mercurio en las ciudades de La Paz y El Alto donde se almacena y comercializa sin una regulación clara y exponiendo a la contaminación a los más de dos millones de habitantes que suman ambas urbes.

“Estamos siendo envenenados por caminar por las calles. La aduana no tiene un procedimiento especial para regular la importación de mercurio. Tampoco hay un control efectivo para el uso del mercurio para extraer oro”, afirma Cecilia Requena una reconocida ecologista y senadora de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

COMERCIALIZACIÓN

El mercurio se consigue en la populosa zona de la Buenos Aires, en el oeste de La Paz, caracterizada por la congestión vehicular, los gritos de los comerciantes y las casas de ladrillo y de colores pastel. Subiendo por unas gradas angostas, se abre la calle Tarapacá, donde el silencio contrasta con el bullicio del resto del lugar.

Allí decenas de joyerías muy bien resguardadas por cámaras de seguridad ofrecen el mercurio en pequeñas botellas de un kilo. Los envases de color blanco llevan pegada una etiqueta con la marca ‘El Español’, la más conocida entre quienes compran la sustancia.

En la entrada de las joyerías, se ven pequeños hornos, tubos de oxígeno y chimeneas que dan a la calle. “En estos hornos, fundimos mercurio. Sale un vapor que sacamos por las chimeneas, así trabajamos”, dice con desconfianza María Rojas.

“El mercurio se lo llevan los mineros que sacan oro en el norte de La Paz. El kilo puede costar hasta 2.000 bolivianos (unos 286 dólares). Ha subido mucho, es que hay más control”, sostiene, por su parte, Jorge Aruquipa, mientras sujeta dos pequeños lingotes de oro fuera de su joyería en una oscura galería comercial.

BOLIVIA, GRAN IMPORTADOR DE MERCURIO

“La importación de mercurio se realiza en recipientes de 44 kilogramos, pero comercializarlos en botellas pequeñas de un kilo significa que se vuelve a envasar una porción significativa y, si esta actividad no se realiza de forma adecuada, la zona donde se comercializa se transforma en zona de alto riesgo de contaminación”, sostiene Campanini.

En 2015 Bolivia importó 151,5 toneladas de mercurio mientras que un año después alcanzó la cifra récord 238,3 toneladas. En 2020 importó 165,2 toneladas, superando a países como India (113 toneladas) o Emiratos Árabes Unidos (104), según, convirtiéndose en uno de los principales importadores del mundo según un comunicado del Viceministerio de Comercio Interior. Sus principales proveedores son Rusia y México. Mientras el Gobierno boliviano avanza en los proyectos para reducir el uso del mercurio en la minería, la senadora Requena estima que esto va a demorar varios meses y su avance dependerá de la burocracia estatal. “Las autoridades podrían ya establecer un reglamento de aduanas y control de la comercialización”, sostiene.

En tanto, los indígenas se sienten “desamparados” dice Ruth Alipaz, quien pide al Gobierno eliminar por completo el mercurio para que más gente no se vaya a intoxicar “porque a los que ya estamos contaminados no nos lo van a quitar de nuestro cuerpo y vamos a tener que convivir con los efectos”.

“Nos están envenenando”, indígenas bolivianos sufren por contaminación de mercurio.

Ruth Alipaz es una de los más de 300 indígenas de la Amazonía boliviana que han sido contaminados por mercurio. Investigadores y ecologistas afirman que la minería utiliza este tóxico metal para extraer oro de los ríos que abastecen de agua y comida a las comunidades. Los mineros compran el mercurio en ciudades como La Paz y El Alto casi sin regulaciones.

“¿Por qué estoy intoxicada con estos niveles de mercurio?”, se pregunta incrédula Ruth Alipaz. En 2019, se realizó un examen de cabello que dio como resultado que tenía el doble del nivel tolerable de mercurio en el cuerpo que es de una parte por millón (1 ppm), según la Organización Mundial de la Salud. La muestra fue tomada durante un taller en La Paz sobre el uso irracional y poco regulado del mercurio en la extracción de oro en ríos en las regiones de La Paz y el Beni, en el norte de Bolivia.

“Me he realizado nuevos estudios que indicaron que mis niveles de mercurio siguen subiendo. Desde 2019 tengo un cuadro diarreico crónico”, sostiene Alipaz, quien es defensora de territorios indígenas y derechos del medio ambiente en la Amazonia boliviana. Ella nació en la comunidad de San José de Uchupiamonas, donde viven unas 80 familias que en su mayoría habitan casas de barro y techos de jatata, una especie de palmera tradicional de la zona.

Alipaz alertó a otras comunidades indígenas adheridas a la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) ante la posibilidad de que la contaminación afecte a más personas de la zona.

Con la ayuda del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), contactaron a la Facultad de Toxicología de la Universidad de Cartagena en Colombia que realizó 350 exámenes de cabello a indígenas de diversas comunidades que arrojaron en promedio la presencia de siee partes por millón (ppm) de mercurio, siete veces más de lo saludable.

“Me siento molesta, invadida. En Bolivia, ignorábamos por completo cómo se estaba usando el mercurio. Las comunidades denunciaron que comenzaron a presentarse problemas de salud propios de la contaminación como daños en la piel, niños con diarrea, mujeres abortando, síntomas y efectos que aseguran no habían visto antes”, aseveró Alipaz.

El año pasado, las comunidades amazónicas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia de afectación a la vida y salud de los pueblos indígenas por la contaminación de mercurio.

La CIDH conminó al Estado boliviano a presentar un plan de acción para reducir el uso y comercialización del mercurio. En enero pasado, el Gobierno del presidente Luis Arce presentó un proyecto para la elaboración de estrategias y mecanismos con el fin de reducir gradualmente el uso del mercurio en la minería del país. (El País).