La intervención que actualmente ejerce el Gobierno sobre la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (Epsas S.A.) es ilegal debido a distorsiones jurídica originadas en las Resoluciones Administrativas Regulatorias AAPS Nº 244/2013 y 246/2013 aprobadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), según el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto el 20 de agosto por el exasesor del Directorio de la prestadora del servicio, Marco Antonio Ramos Cruz.
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