Alertando sobre la vulneración de leyes nacionales que impiden el comercio y tráfico de especies animales en todo el territorio nacional, organizaciones animalistas y ciudadanos denunciaron a funcionarios del zoológico de Oruro por incurrir en la venta de especies procedentes de la zona amazónica del país.
En contacto con EL DIARIO, Ana Serrano, miembro de la organización Amor Por Los Animales Bolivia (APLAB) denunció irregularidades en la adquisición de especies nativas del área amazónica del país, que por sus características, deben ser albergados en centros acordes a su lugar de origen.
“Nos hemos anoticiado que funcionarios del zoológico andino de Oruro, el pasado 12 de julio, han comprado animales silvestres de tierras bajas, entre ellos caimanes, lagartos, gallinas guineas, entre otros”, declaró la activista.
Serrano hizo énfasis en las notas de ingreso de los animales en cuestión, donde se especifican claramente las características que debe cumplir el centro donde sean acogidos, uno apto para fauna silvestre de tierras bajas.
“En las fichas de recepción del zoológico andino se señala que estas especies deberían haber sido trasladadas a un centro de custodia que reciba animales de tierras bajas. Esto no ha existido, no hubo tal traslado”, indicó.
Puntualizó que el centro en cuestión, funge como una instalación que alberga especies propias de la zona andina, por lo que la presencia de animales procedentes de la zona amazónica es un atentado contra su seguridad y su bienestar. “Tampoco pueden comprar animales silvestres para su exposición, por ser ilegal”, insistió.
APLAB, en este caso, se sumó a las denuncias presentadas por ciudadanos que tuvieron conocimiento de estas irregularidades antes de dar parte a las autoridades.
Se presentaron reclamos formales ante la Gobernación de Oruro, en la Secretaría de Medio Ambiente y Madre Tierra para que se haga seguimiento del caso por la vía administrativa, pero además, se sentó denuncia en penal en la Policía Forestal (POFOMA).
Según la versión de uno de los ciudadanos denunciantes, el caso es más grave de lo que aparenta, pues no solo se incurrió en la compra de animales silvestres, ajenos a las características del zoológico de Oruro, sino que las observaciones van hasta la desaparición de aves, un mal control de vida silvestre e incluso la reventa de las especies que se encuentran en estas instalaciones.
“Personas que están muy allegadas al zoológico de Oruro se conoce que el veterinario de este centro comete el delito de tráfico de animales de la Amazonia. Él pide animales amazónicos y los vende. Esta situación se han dado cuenta muchas personas que trabajan allá”, informó Jane Del Castillo, ciudadana denunciante.
Detalló que existen varios funcionarios que tienen conocimiento de estas irregularidades y temen denunciar por miedo a perder sus fuentes laborales.
En la normativa boliviana, el Decreto Supremo 4489 establece la protección de la fauna silvestre, en el marco de la competencia exclusiva del nivel central de Estado, referida al régimen general de biodiversidad y medio ambiente, la Ley N° 300, de octubre de 2012.
En esta, se señala que la fauna silvestre no puede ser considerada como cosa o mercancía, sino más bien como un conjunto de seres vivos que comparten el planeta con el ser humano y que cumplen funciones ambientales para la continuidad de la vida, susceptibles de aprovechamiento integral de acuerdo a la normativa vigente.
“Con el objeto de proteger a la fauna silvestre, se prohíben las siguientes actividades en todo el territorio nacional: a) La caza deportiva; b) El comercio de especímenes silvestres en contravención a las disposiciones sanitarias, de aprovechamiento, de manejo y de bienestar animal; c) La tenencia de animales silvestres como mascotas; d) La promoción y ejecución de peleas de animales de especies silvestres; e) Actividades de entretenimiento que involucren afectación a la fauna silvestre.
Este medio se contactó con autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, quienes se comprometieron a responder a las presentes denuncias de forma escrita, hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta alguna (CEJIS).