En los últimos cuatro años el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción remitió a la Fiscalía General y la Contraloría General del Estado (CGE), al menos 114 Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR), pertenecientes a igual número de servidores públicos, que tienen serias sospechas de “presunta legitimación de ganancias ilícitas e inconsistencias en la información proporcionada” reveló ayer a EL DIARIO la titular de esa cartera ministerial, Lenny Valdivia.
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