Para la presente gestión, se destinó para la subvención e importación de combustibles alrededor de 5.000 millones de dólares.

El referéndum sobre subvención a combustibles, no resuelve nada, y más bien califican como trampa porque no realiza una pregunta concreta sobre eliminar o no el beneficio. Además, economistas plantean preguntar todo lo que provoca el déficit fiscal, como empresas públicas ineficientes y recorte en gasto en la administración, también exigen datos de las reservas hidrocarburíferas para conocer el panorama real del sector.
Las preguntas sobre la subvención al diésel y gasolina especial, propuestas por el Gobierno en su referéndum provocaron una serie de interpretaciones, pues algunos la califican como capciosas, mientras otros lo ven ambigua, que no define si se elimina o no, además de cargado de presión a los votantes.
Economistas coinciden por separado, que el referéndum, sea el resultado positivo, no resuelve nada, y menos los problemas estructurales, más bien lo ven como político, pues no quiere gobernar el partido en función de gobierno y sólo busca mantener su imagen.
Además a eso, en opinión del analista del sector de hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, escrito en X (Twitter) @RaulVelag, señala que “en lugar de transferir la responsabilidad de la gestión pública a la población, que tal si más bien el Poder Ejecutivo exige a YPFB cumplir con los arts. 6 y 7 de la Ley 3740 y publicar semestralmente información sectorial en su página Web, ¡ya llevan 3 años de retraso!”.
El más apremiante, el dato de las reservas hidrocarburíferas, que ya lleva más de cinco años sin presentar información al público, por lo que se desconoce el volumen de las reservas que tiene Bolivia. En una rendición de cuentas del sector hidrocarburos, el exministro del sector, Franklin Molina, dijo que esta habría bajado significativamente.
Mientras para el economista Gonzalo Chávez la redacción de las preguntas para el referéndum es tendenciosa; confunden causas y efectos, además aseguró que los resultados no resolverán el problema del diésel y mucho menos los problemas estructurales de la economía nacional.
Por su parte, el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, considera que tanto la pregunta 2 y 3, tienen trampa. “Porque las mismas no definirán la continuación o no de la subvención de los carburantes en el país”, agregó.
“Nos están consultando si deseamos que la subvención a los carburantes continúe ‘tal como actualmente se encuentra’. No están preguntando si se debe quitar o no, si habría que reajustarla, eliminarla total o parcialmente, ni nada de fondo sobre este tema tan importante para nuestra economía. Es decir, la población al responder las mismas no determinará nada estructural al respecto, ni se solucionará el daño colateral de un subvención mal planteada y aplicada por décadas en Bolivia”, sostiene.
Como es de conocimiento, el año pasado y en mayo de la presente gestión, el Gobierno garantizaba la subvención a los combustibles, a pesar de la opinión de economistas, planteando la eliminación progresiva debido al déficit que provocaba en las finanzas públicas por el dinero erogado para la compra y para el beneficio.
Sin embargo, a partir del 6 de agosto de 2024, luego de lanzar la propuesta del referéndum por el presidente Luis Arce, el gobierno ingresó en campaña, y se olvidó de garantizar el beneficio, debido a que ya no cuenta con recursos.
Por ejemplo, el consultor financiero Jaime Dunn indicó que el subsidio a los hidrocarburos, en 2022 se triplicó, y en 2023, no fue la excepción, pues de lo programado se incrementó el presupuesto.
Para la presente gestión, se destinará alrededor de 1.500 millones de dólares para el subsidio y 3.500 millones para la compra de combustibles; a pesar de la caída de los ingresos por exportación de gas natural a países vecinos, el gasto público se mantiene intacto. Se observa una caída de alrededor de 4.000 millones, de 6.000 millones por ventas, la cifra se redujo ahora a un poco más de 2.000 millones.
Romero sostiene que la subvención de carburantes tiene un “gran costo económico”, es parcialmente cierto, ya que la misma representa sólo el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal del 2023 y el 5% del Presupuesto General del Estado 2024.
“El año pasado se ha destinado en total 12.678 millones de bolivianos a la subvención a los hidrocarburos, de los cuales el 98% fue para la subvención de gasolina y diésel. Es decir, era un gasto sostenible en épocas de ingresos extraordinarios por las exportaciones de gas natural, en esta coyuntura de crisis, la subvención se hace cada vez menos sostenible, por un déficit fiscal crónico”, señaló.
Sin embargo, si bien se culpa al contrabando el desabastecimiento de carburantes en el mercado nacional, no se menciona a los autos “chutos”, que superan los 400 mil vehículos indocumentados que circulan, en especial, en las provincias, por parte del Gobierno.
“(…) un contrabando masivo a países vecinos (de combustibles), el uso indiscriminado en actividades ilícitas (narcotráfico, minería ilegal, otros) y el consumo para cerca 500 mil vehículos indocumentados. Esto produce una sobredemanda de al menos un 30%, por lo tanto mayor gasto en importación y por ende, en subvención a los carburantes”, apuntó.
Para el economista, en la actual coyuntura de crisis fiscal y finanzas públicas al rojo vivo, hacer un referendo que no resuelva nada estructural a favor de nuestra economía, y con la gran posibilidad que sea respondida por una población desinformada sobre esta problemática, y que podría actuar inclusive políticamente, no es lo más sensato (costo/beneficio). El costo de este proceso se estima alrededor de los 180 millones de bolivianos, que podrían ser bien utilizados para combatir el contrabando y uso ilegal de los carburantes subvencionados, y en ese sentido, si se aliviaría en algo la presión fiscal derivada de la misma.