El proyecto del litio demora en despegar en Bolivia y ya son varios anuncios que aún no se cumplen, como la puesta en marcha de la planta de carbonato de litio, que debió inaugurarse en agosto. A pesar de ello, el experto en el tema, Héctor Córdova, recomienda al Gobierno continuar con el proyecto anterior y que las piscinas funcionen para alimentar a la planta de cloruro de potasio y a la nueva, así como hacer pruebas con la nueva tecnología y modificar normativa para una asociación con empresas privadas.

La semana pasada, la Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana organizó un desayuno trabajo para presentar las ferias alemanas, para fortalecer el desarrollo sostenible en la minería, construcción y gestión de residuos en Bolivia.

En la cita, el invitado especial Héctor Córdova, Ing. metalurgista y especialista en gestión de industrias y desarrollo y exautoridad, mostró el panorama de la minería en el país y planteó algunas sugerencias para desarrollar el sector y aprovechar el precio alto de los minerales en el mercado internacional, así como la demanda de litio.

En el tema del litio, dijo que el Gobierno debería continuar con el proyecto anterior y que las piscinas funcionen para alimentar la planta de cloruro de potasio y luego a la de carbonato de litio.

Pero también en el tema de la nueva tecnología anunciada por el Gobierno, como es la Extracción Directa de Litio (EDL), sostuvo que se debe hacer pruebas porque no hay en el mundo ninguna planta que esté funcionando con esta propuesta de las empresas chinas y rusa.

En junio pasado, la doctora María Daniela Sánchez-López presentó su visión sobre la dinámica de la geopolítica del litio en Bolivia y Sudamérica en general, el papel de China y el impacto del litio en el desarrollo de los países productores.

En esa presentación indicó también lo que menciona Córdova, que no existe operación a escala industrial de esta tecnología (EDL), por lo cual la viabilidad comercial no está probada, pero se hacen pruebas en la región y ahora en Bolivia.

La diferencia entre la extracción por evaporación y la EDL es el porcentaje de recuperación del litio y el tiempo. En la primera sólo alcanza a 40%, mientras que en la segunda llega casi al 80%, y el período de producción baja de meses a días, de acuerdo a la explicación de la experta.

Pero también sugirió modificar el artículo de la ley 928 (Ley de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos -YLB.) que permita al Estado asociarse con empresas privadas para la extracción de la salmuera.

Advirtió que si no se modifica ese artículo no se avanzará en el desarrollo del litio, debido a que no podrá asociarse YLB con empresas privadas. “(…) por eso ahora sólo tenemos acuerdos con las empresas chinas y rusa, y no tenemos contratos, porque si no se modifica ese artículo, que le da la exclusividad a la YLB, no se puede avanzar. Yo diría que eso debe hacer el gobierno inmediatamente”, apuntó.

Como se recordará Bolivia cuenta con 23 millones de litio, pero sin certificar. En el mercado la tonelada llegó a 70.000 dólares la pasada gestión, pero ahora bajó a 35.000 y la tendencia apunta a seguir descendiendo el valor.

La DW en su momento, indicó que hasta el 2024 todavía los precios estarán relativamente altos, pero luego bajarán e ingresarán al mercado nuevos actores ofertando la materia prima para las materias de litio, sumado al desarrollo de otras alternativas, como el hidrógeno.

Minería e inversión

Por otra parte, Córdova abordó el tema de la inversión en el sector minero y en la misma dijo que la exploración minera es fundamental para la sostenibilidad del sector, pero lamentó que ahora solo una empresa canadiense hizo esta tarea, confirmando un nuevo descubrimiento.

El Estado no puede arriesgar su pequeño capital en cosas de riesgo, por eso debe haber una apertura a la empresa privada y si descubre algo es una señal positiva a nivel internacional, vendrán otras compañías, pero si no se le otorga seguridad jurídica no vendrá nadie al país para arriesgar capital, según la disertación del experto.

Asimismo, afirmó que la Ley Minera es obsoleta y por ello hay que corregir varias debilidades que tiene la norma. “Para empezar la consulta previa que se hace a las comunidades, la maneja la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), (pero) debería manejarlo el Ministerio de Planificación porque es el órgano multisectorial más importante del país”, apuntó.

“Las comunidades piden riego, educación, salud, que va hacer la AJAM, firmando en nombre del Estado un acuerdo. En este sentido, tiene que ser un organismo multisectorial que pueda responder a las necesidades de las comunidades. La información que se da a las regiones sobre la minería y metalurgia, es simplemente formalismo, pues no están preparadas para cuestionar o exigir más explicación”, según la reflexión de Córdova.

Observó contradicciones con la Constitución Política del Estado, al indicar que solo a las autoridades originarias, que deben demostrar que son originarias, se les consulta, la Constitución dice a todos los afectados, pero se excluye a las comunidades.

“(…) el tema de los contratos, la forma de asociarse del Estado con los mineros, el derecho de uso de aprovechamiento no está bien definido, la función económica social de la minería no está bien definida, ni el interés social y económico del país. Dice basta con cumplir las actividades mineras y ya está, dónde está la eficiencia sobre la exigencia, porque si uno se mete hacer con mala tecnología recupera poco mineral, el Estado se queda perjudicado, esto hay que corregir”, explicó.

Licencia ambiental

Con respecto a la licencia ambiental, el experto señala que es algo crucial en el país, “es obligatoria y se obtiene después de un estudio de impacto ambiental, antes de iniciar operaciones, (…) sin este permiso nadie debería hacer minería en Bolivia”.

Sin embargo, en el caso de las cooperativas mineras, el 85% no tienen licencia ambiental y están haciendo minería porque el Gobierno dirige su mirada hacia otro lado, debido a que el sector absorbe a los desocupados y le resuelve el problema social muy grande a las autoridades nacionales, sostuvo.

“(…) se imaginan tener 200 mil personas en las ciudades sin empleo, hay que ser tolerante, pero no indefinidamente, hay que tomar control de las riendas porque si no se puede desbocar”, advirtió.

Finalmente, dijo que se debe tomar control sobre la minería, ya que la contaminación en las comunidades es alta y son afectados en su salud por consumir peces de lugares contaminados con mercurio.