El presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), Gonzalo Oliver Terrazas, planteó la creación de una “fuerza pública especializada” contra la minería ilegal y de esa forma cuidar la Amazonía de Bolivia.

“Nosotros consideramos que debería haber una fuerza pública especializada en temas de minería ilegal, (…) creo que es necesario. Recientemente, en la cumbre de los países amazónicos, algún presidente propuso crear una fuerza especial de protección de la Amazonía, creo que es acertada esta propuesta (…) principalmente (para cuidarla) de la minería ilegal”, declaró Terrazas a la ANF.

El medioambientalista añadió que los detalles para la conformación de esa “fuerza pública especializada” las tiene que analizar el gobierno de Luis Arce y ver si tiene que estar en coordinación de las Fuerzas Armadas o solamente con la Policía. El propósito es que exista presencia del Estado donde campea la minería ilegal, como en el norte de La Paz.

El norte de La Paz y otros sectores del país sufren los efectos de la minería ilegal debido al uso del mercurio, metal líquido altamente contaminante para el medio ambiente y los pueblos indígenas. En julio, la fuerza pública y la Fiscalía intervinieron el río Madre de Dios, pero después se denunció que las actividades mineras ilegales retornaron a lugares aledaños.

PARQUE MADIDI

En mayo, el juez agroambiental Edwin Díaz determinó que las Fuerzas Armadas apoyen en tareas de protección del Área Protegida y Parque Nacional Madidi, tomando en cuenta que existe un proceso judicial contra la explotación minera en la reserva natural.

El presidente de la Cpilap detalló que, tras ese dictamen, fueron desplazados al menos 350 efectivos militares, pero resaltó que todavía no existe la coordinación para ingresar al interior del Parque y desalojar a los mineros que practican la minería ilegal.

“Recientemente, hemos visto que el Ejército ha incluido a su destacamento; entonces, debería realizarse una inspección, una intervención para hacer el desalojo, –en caso de que corresponda–, de esa gente que hace minería ilegal, pero hasta ahora no se ha coordinado”, cuestionó Terrazas.

El activista detalló que salió un dictamen histórico a favor de los pueblos indígenas que ordenó la paralización inmediata de toda actividad minera en lo que es la cuenca del río Beni y del río Madre de Dios, pero la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) todavía no hace cumplir esa medida judicial.

“El juez ha dictaminado la paralización inmediata de toda actividad minera ilegal en lo que es la cuenta del río Beni y del río Madre de Dios. Esta determinación está a cargo de la AJAM, que ordenó que, de ser necesario, debe pedir el apoyo de la fuerza pública para hacer el desalojo de mineros ilegales”, precisó. (ANF).