El Comité pro Santa Cruz mediante una carta pidió al presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Sergio Díaz, entidad que otorgó el crédito para la construcción de la carretera Las Cruces-Buena Vista, “aplicar las salvaguardas” para preservar los acuíferos que existen en esa región.

“…tenemos a bien solicitar a la entidad que Ud. dignamente preside, como principal financiador del proyecto carretero, aplicar las salvaguardas S01: evaluación y gestión de impactos ambientales y sociales; S02: utilización de recursos naturales renovables y S03: conservación de la diversidad biológica”, dice la nota enviada a la CAF.

El pedido surge en medio de acciones de protesta de los lugareños que exigen la construcción de la carretera Las Cruces-Buena Vista en el departamento de Santa Cruz. Tras 11 días de bloqueo, los comunarios dictaron un cuarto intermedio hasta el 11 de septiembre.

La principal objeción al proyecto carretero es la afectación que causaría, si se construye esa carretera, a los acuíferos que proveen del líquido elemento (agua) a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y municipios aledaños (zona metropolitana), con un impacto a más de 2,5 millones de personas.

El 9 de febrero de 2018, el organismo firmó un contrato de crédito de $us 112 millones con el expresidente Evo Morales para la construcción de la carretera Las Cruces-Buena Vista, el mismo fue aprobado mediante ley 1042 de abril de 2018.

Los cívicos advierten que dicho proyecto carretero vulnera la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural denominado “Güendá-Urubó”, creada a través de la ley Departamental el 10 de marzo de 2021 como “un territorio sujeto a legislación, manejo y jurisdicción especial para la conservación de ecosistemas importantes para recarga de los acuíferos subterráneos en Santa Cruz”.

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, desde la cárcel de Chonchocoro dijo que no se permitirá la destrucción de los acuíferos. “La riqueza de los suelos, bosques y biodiversidad de Santa Cruz es un patrimonio invaluable que debe protegerse”, señaló.

“Nuestra Gobernación ha presentado una solución técnica para la construcción de la carretera Porongo-Buena Vista, sin dañar el acuífero Güendá-Urubó. Esa solución es respaldada por el Colegio de Ingenieros y por muchos otros profesionales, pero el Gobierno y la ABC prefieren el conflicto y están empeñados en seguir un trazo que de realizarse destruirá de manera irremediable los acuíferos y los cruceños nos quedaremos sin agua en nuestras casas”, escribió la autoridad.

EXTORSIÓN

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y los empresarios privados de Santa Cruz denunciaron que las carreteras del país se volvieron rutas de extorsión por los constantes bloqueos que van realizando, casi a diario, diferentes sectores sociales.

El 14 de agosto, pobladores del municipio cruceño de Buena Vista instalaron un bloqueo en la carretera nueva Santa Cruz-Cochabamba en demanda de la construcción del tramo carretero km 13 – Las Cruces – Buena Vista. La Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental argumentaron que el proyecto partirá el área protegida Güendá- Urubó y afectará a los acuíferos que suministran el líquido elemento a la capital cruceña.

“(Estamos) profundamente preocupados, estamos hablando entre 90 y 100 millones de dólares de pérdida por este bloqueo de 11 días. Los caminos deberían ser rutas para el desarrollo, (pero) hoy día los caminos se han vuelto en rutas de extorsión. Nos estamos olvidando del diálogo. Hoy, los bolivianos necesitamos llevar el pan de cada día a nuestros hogares, nuestras industrias deben trabajar. Los pequeños, medianos y grandes productores, que hoy se ven afectados, no pueden llevar sus productos a los mercados”, indicó el presidente de la CNI, Pablo Camacho, a la ANF.

Después de 11 días los bloqueadores de la carretera nueva Santa Cruz-Cochabamba decidieron ingresar a un cuarto intermedio y liberar la vía.

Cuando parecía que el departamento cruceño ya tenía sus principales carreteras libres, los pequeños y medianos productores de granos instalaron otro bloqueo en San Julián, ruta hacia la Chiquitania, exigiendo a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) el pago por el maíz que proveyeron. (ANF).