De acuerdo al primer reporte de la Veeduría en el marco de la campaña El Agua es un derecho, cuidarla es nuestra obligación el Gobierno nacional adquirió 16 préstamos, 15 en la gestión 2016 y 2017 del periodo del entonces presidente Evo Morales, y un financiamiento en 2023, es decir en este gobierno.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, Fonplata, Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional OFID y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) son los organismos que facilitaron los préstamos.

Banco de Desarrollo de América Latina CAF financió 230 millones de dólares destinados a cuatro programas: Mi agua IV, Mi riego II, programa de Presas y Mi agua IV-fase 2.

El BID prestó 787,7 millones de dólares para los programas: Multipropósito de agua potable y riego para los municipios de Batallas, Pucarani y El Alto; Reformas de los sectores de agua, saneamiento y recursos hídricos en Bolivia (segunda operación); Gestión de Riesgos de Desastres II; Riego con enfoque de cuenca III.

Además, Contribuir a la financiación y ejecución del Programa de saneamiento del Lago Titicaca; Drenaje Fluvial para las ciudades de La Paz y El Alto III; Fortalecimiento de la gestión del medio ambiente y los recursos naturales; y Gestión integral del agua en áreas urbanas.

Fonplata financió el programa Cosechando agua sembrando luz con $us 10 millones; el Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional OFID cofinanció un programa de Presas con $us 61 millones; y la AFD financió el Apoyo presupuestario a la política sobre la gobernanza del sector agua en Bolivia con $us 102 millones y el programa de Saneamiento del Río Rocha con $sus 41,6 millones. Un total de 214.642.375,28 dólares.

El 2016, más de 100 barrios de la ciudad de La Paz fueron gravemente afectados por el racionamiento de agua potable. La crisis hídrica duró más de un mes y movilizó a todo el aparato estatal ante ese hecho.

Ante la escasez del líquido, el gobierno de Morales decretó emergencia por las sequías y creó un gabinete «especial» del agua. La demanda fue atendida con cisternas hasta la normalización de la situación.

En el reporte también se describe las competencias, obligaciones y atribuciones del gobierno central, de los gobiernos departamentales, municipales para el manejo y provisión de agua potable, en relación a sus competencias exclusivas, concurrentes de los niveles de gobierno.

Dicha acción de fiscalización ciudadana se genera en el marco de la campaña que han iniciado 23 instituciones y organizaciones de la sociedad civil desde el 19 de octubre. Uno de los objetivos es recordar que el acceso al agua es un derecho humano fundamental, resaltar la corresponsabilidad en el manejo de este recurso y sensibilizar a los usuarios sobre un uso adecuado.

La campaña está realizando una veeduría a la labor de las entidades del Estado involucradas en el tema del agua con el propósito de recordar sus competencias, atribuciones y obligaciones en el manejo de este recurso. (ANF)