La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) exige que se detenga a los verdaderos responsables de la minería ilegal, así como con los propietarios de las cooperativas mineras, pues los 57 aprehendidos en el río Madre de Dios sólo son los eslabones del negocio que afecta al medio ambiente por la contaminación de los ríos y bosques.

«Condenamos enfáticamente el abuso de la fuerza pública, solo para fin mediático, empleando la misma supuestamente para frenar el avance de la minería ilegal del oro en el río Madre de Dios, y aplicándola principalmente contra familias humildes y trabajadores mineros, que buscan el sustento diario para sus familias; vulneración que se  suma a las múltiples violencias que enfrentamos los pueblos indígenas por el avance de la minería legal e ilegal del oro, que está tomando control de nuestros ríos y territorios», señala el comunicado, difundido por ANF.

El viernes, la Policía y el Ministerio de Gobierno realizaron un operativo a orillas del río Madre de Dios, en el Beni, donde presuntamente se desarrollaban actividades de extracción ilegal de oro. 57 personas, 54 varones y tres mujeres, fueron aprehendidas y trasladadas hasta la sede del Gobierno.

Recordaron que anteriormente se advirtió de los avasallamientos violentos de territorios indígenas, tal es el caso en la comunidad de Chushuara. Consideran que se está creando las condiciones para la militarización de territorios indígenas y Áreas Protegidas, tomando en cuenta el fallo judicial que disponía la intervención militar en el Parque Nacional Madidi. Afirmaron que es un inminente riesgo de violencia contra quienes no se dedican a ese trabajo.

A la vez, exigen al Gobierno y a las autoridades competentes realizar una investigación seria para identificar a los verdaderos responsables de la minería ilegal, así como del modus operandi de la minería legal, del cual el Gobierno no tiene control, menos sobre la contaminación de los ríos con mercurio y la afectación de los territorios indígenas y áreas protegidas.

En ese contexto, piden que se investigue las denuncias sobre minería ilegal que involucraría a la Fuerza Naval, que presuntamente cuenta con sus propias balsas y dragas que se camuflan con «palos blancos».

«Urgimos al Gobierno que deje de financiar la minería ilegal a través de la subvención y provisión de diésel, que, con estas acciones, podrían reducir la minería ilegal sin violencia y verdaderamente dejaría de fomentar una actividad ilícita que genera contaminación a la Madre Tierra, a los Pueblos Indígenas y no indígenas», señala otra parte del comunicado.

Finalmente, pidieron a los organizamos internacionales en defensa de los derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU), que no ignoren ese hecho contra los pueblos indígenas y personas humildes de comunidades que, por su condición de vulnerabilidad, han sido inducidos a ingresar a la minería legal e ilegal del oro.

Desde hace mucho los indígenas que viven alrededor de los ríos en el norte del departamento de La Paz reclaman atención de las autoridades nacionales para combatir la actividad ilegal de la minería del oro.

Medios nacionales publicaron fotografías sobre el ingreso de maquinaría a zonas protegidas, amedrentando a las comunidades indígenas, inclusive una legisladora fue atacada por las personas que trabajaban en el lugar. (EL DIARIO Y ANF)