La actividad ilícita mueve más de 3.000 millones de dólares al año, mientras los decomisos en valor de la Aduana apenas superan los 100 millones anuales.

Los empresarios del país abogan la implementación de un trabajo público-privado para dar soluciones a la crisis económica que se registra en el país y también por una lucha más eficaz contra el contrabando, ya que los resultados harán la diferencia entre mantenerse vigentes o colapsar.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, afirmó ayer que el contrabando está socavando el Estado de Derecho y minando la confianza en las instituciones democráticas, porque fomenta la corrupción y facilita las prácticas ilícitas. “El combate al contrabando es un objetivo esencial cuyo resultado puede significar, para las empresas, la diferencia entre mantenerse vigente o colapsar”, señaló.
Ortuño hizo estas afirmaciones en el acto de inauguración del IX Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticorrupción (ALAC) que se empezó ayer y concluye hoy en Santa Cruz, y del que participan 150 delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Perú.
El máximo dirigente de los privados afirmó además que “para derrotar al contrabando no basta solamente el cumplimiento normativo, sino el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la promoción de la transparencia”.
Asimismo, planteó la necesidad de generar un modelo de colaboración estrecha entre las instancias públicas y privadas, porque considera que “este desafío no puede ser enfrentado de manera efectiva por un solo sector; se requiere voluntad política, acciones concretas, solidaridad y colaboración entre todos los niveles de la sociedad. Solamente cuando haya una conjunción plena de voluntades y acciones, podremos generar impactos reales y sostenibles”, concluyó.
Como se recordará, el sector industrial, así como empresarial calcula un movimiento económico del contrabando de 3.500 millones de dólares al año, con una evasión de impositiva de 600 millones, y una amenaza latente a más de 600 mil empleos en el sector de la industria boliviana.
Plantearon la reactivación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Contrabando, propuesta que todavía no se activa, con el objetivo de mejorar el trabajo de fiscalización entre los actores público-privado.
También reducir el monto de la sanción para declarar contrabando, así como ampliar los controles a través de la participación de los municipios.
Acuerdo
En febrero, el sector privado y Gobierno suscribieron un acuerdo de 10 puntos, cuyo documento no se cumplió al 100%, pues en el caso de la liberación de las exportaciones, no se plasmó pues se sigue solicitando certificados de abastecimiento, tampoco subasta de diésel con grandes compradores, cuya medida fue bien recibida por economistas e interesados.
Los privados lamentaron, en su momento, que por temas burocráticos la implementación de los acuerdos no avance y solicitaron a las autoridades sus buenos oficios para que el mismo se aplique para el bien de la economía nacional.
Encuentro
Del IX Encuentro de Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), que fue organizado conjuntamente por la CEPB y la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI), han participado la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo Miranda y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos Sanjinés, los presidentes de varias Cámaras Nacionales y Federaciones Departamentales, también delegados de empresas y corporaciones internacionales, entre los que cuentan 24 Directores, 39 Gerentes y 15 Presidentes de diversas compañías de Latinoamérica.
La agenda del evento incluye conferencias, ponencias y paneles de expertos y autoridades gubernamentales, en los que se tratarán diversos temas como el contrabando y su relación con el crimen organizado, la regulación en el comercio digital, la facilitación del comercio internacional, contrabando transfronterizo, inteligencia artificial y otros.
Para hoy se prevé la realización de mesas técnicas en las que los asistentes analizarán los efectos del contrabando y las experiencias de protección, en industrias de textiles, confecciones y calzado; medicamentos, alimentos, insumos de protección y nutrición de cultivos; telecomunicaciones, llantas, acero y metalmecánica, cosméticos, cigarrillos y licores.
La ALAC estima que anualmente el contrabando en Latinoamérica mueve más de 210 mil millones de dólares, es decir el 2% del PIB regional. En Bolivia, un estudio de la CEPB estimó que, en 2017, este delito alcanzaba a 2.500 millones de dólares anuales, aunque investigaciones recientes indican que se ha incrementado por encima de los 3.000 millones.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) asistió al noveno encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC) que se inició ayer, ocasión en la que su presidente, Pablo Camacho, señaló que la afectación del contrabando en Bolivia es de más de 3.300 millones de dólares al año y que la lucha contra este delito debe ser una tarea conjunta.
“La economía se ve afectada por el contrabando, debe haber una mayor asignación de recursos para combatirlo. Más de 39.000 industrias y 600.000 empleos se ven perjudicados. La CNI ha planteado a la Asamblea Legislativa Plurinacional disminuir la penalización de 200.000 a 10.000 a UFV, el valor del monto para que sea considerado como delito aduanero. Este año sólo uno o dos comisos llegaron ese monto. Debe haber un compromiso del Gobierno y la Asamblea en aprobar esas modificaciones”, manifestó.
Camacho puntualizó que otra de las propuestas se refiere a la incorporación de los gobiernos municipales en la lucha contra el contrabando, que debe darse a nivel del Estado y los gobiernos, nacional, departamental y municipal.