En medio de la reciente rebaja en la calificación de Bolivia por parte de la agencia Standard & Poor’s (S&P), el investigador especializado en desarrollo productivo, Enrique Velasco Reckling, ha sugerido que la actividad informal e ilegal, alimentada por el narcotráfico, contrabando y lavado de dólares, podría estar brindando un cierto grado de estabilidad económica al país.

Las declaraciones de Velasco surgieron en respuesta al diagnóstico de S&P, que fundamentó la disminución de la calificación en base al nivel de reservas internacionales líquidas, los altos déficits fiscales y la falta de transparencia en los activos del Banco Central.

Según el investigador, la calificación de “CCC+/C” emitida por S&P es una señal crítica para los inversores, marcando a Bolivia en la frontera de la confiabilidad para la inversión y financiamiento.

Advierte que, de continuar por este camino, los prestamistas podrían imponer tasas de interés elevadas para compensar el riesgo.

“Si hablamos de la economía formal, real y de la economía que figuran en las estadísticas internacionales, probablemente tenemos indicadores que no dan la talla, pero resulta que la gente no lo nota porque en realidad en Bolivia hay otra economía subterránea que es más grande que la economía formal. Tenemos por ejemplo el dinero de exportación de oro que supuestamente genera 3.000 millones de dólares, por el contrabando otros 3.000 a 4.000 millones de dólares y por el narcotráfico 3.500 a 4.000 millones de dólares”, declaró al programa La Mañana en Directo de la Red Erbol.

Sin embargo, el investigador advierte que la ausencia de dólares podría crecer si se intensifican los esfuerzos contra el narcotráfico y se restringe el flujo de estos fondos ilícitos. Esto podría agravar las restricciones de recursos, ya que la economía formal no logra exportar lo suficiente para equilibrar las importaciones.

En cuanto a las soluciones propuestas para reducir el déficit fiscal, aboga por mejorar la capacidad productiva en la economía legal, evitando el contrabando a través de un tipo de cambio favorable. Critica la falta de inversión gubernamental en aumentar la capacidad productiva y sugiere que se priorice la generación de empleos de calidad.

Finalmente, el investigador lamenta la falta de transparencia en la información económica de Bolivia. Su llamado es a una evaluación más precisa de la situación económica del país, con medidas concretas para abordar los desafíos planteados por la rebaja de calificación de S&P.

GOBIERNO

Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reiteró la posición del Gobierno denunciando ser víctima de un “sabotaje pactado” desde la Asamblea Legislativa, pues la falta de aprobación de leyes y créditos destinados a la reconstrucción económica es resultado de la acción sistemática de sus opositores y de radicales del ala “evista”.

La autoridad, a tiempo de destacar la aprobación del Presupuesto General del Estado-reformulado 2023, indicó que se presentaron demoras en la aprobación de créditos por más de 480 millones de dólares y en la Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, la cual estuvo estancada por más de dos años en la Asamblea.

Apuntó a Standard & Poor’s (S&P) como un actor clave en la disminución de la calificación crediticia de Bolivia, argumentando que esta medida busca debilitar la gestión del presidente Luis Arce Catacora.

Cuestionó la metodología de S&P, debido, según Montenegro, a que esa agencia no consideró algunos indicadores económicos positivos del país en comparación con otros de la región, donde se observan recesión, inflación y altas tasas de desempleo. (Con datos de Erbol y agencias)