“(…) tras la noticia de un presunto enfrentamiento en el sector de la comunidad Laji Lurizani relacionado con la actividad minera, la AJAM dispuso el despliegue de una comisión técnico-legal al lugar de los hechos, para realizar acciones en el marco de su competencia debido a que cualquier actividad minera en el lugar sería ilegal”, informó en conferencia de prensa la directora de Fiscalización, Control y Coordinación Institucional de la AJAM, Gabriela Pantoja, según una nota institucional.
Pantoja fue enfática al reiterar que la AJAM no otorgó ningún derecho minero en el sector Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (PN-ANMI Madidi), ni en otras áreas protegidas.
Explicó que, desde septiembre de 2022, la institución asumió acciones restrictivas definitivas que prohíben la reserva de áreas mineras y la otorgación de contratos administrativos mineros en el sector.
Asimismo, dijo que, en cumplimiento a la Resolución N° 042/2023 y 051/2023 emitida por el Juzgado Agroambiental de La Paz, en coordinación con otras entidades del Estado, entre ellas las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la AJAM asumió acciones como la implementación de un punto de control contra la minería ilegal en el área protegida PN-ANMI Madidi.
«La AJAM constantemente está realizando inspecciones y realizando acciones operativas con el propósito de desbaratar actividades mineras ilegales, no sólo porque es parte de sus atribuciones, sino porque la Autoridad Minera se allana a las acciones de protección en favor del cuidado de las áreas protegidas», enfatizó.
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