La importación de combustibles en la pasada gestión costó alrededor de 3.000 millones de dólares y para la presente gestión, se estima invertir 3.400 millones. La crisis se profundiza y el crecimiento del Producto Interno Bruto, proyectado por organismos internacionales, llegaría a 1,4%.

Tras reconocer a medias, la crisis que atraviesa el país, culpando al factor climático y al entorno internacional, sin anunciar recorte de gasto público, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, pidió más créditos en dólares y en yuanes ante la falta de liquidez en la economía. El presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, observó desesperación y necesidad de recursos.
“Se reconoció la crisis económica, creo que no, no al menos la que está bajo la responsabilidad del Gobierno. Más bien se atribuye al contexto internacional, inflación importada, temas climatológicos, todo influye menos las políticas económicas pasadas y vigentes gubernamentales”, señaló.
Puede ser que los carburantes no hayan llegado por la marejada o por problemas fluviales, pero también es cierto que el principal problema es la escasez de dólares para pagarlos oportunamente, apuntó.
Se ve una desesperación y una gran necesidad de que aprueben y lleguen créditos externos para aliviar la presión económica y política que vive hace meses el país. “Estamos mirando el marco pero no la pintura. No siempre habrá marejada, ni siempre habrá dinero foráneo que nos salve de la coyuntura. Las medidas paliativas no son eternas, si realmente queremos respirar tranquilos por un buen tiempo, hay que tomar medidas estructurales con acciones pragmáticas sin ideologías ni demagogias de por medio. La fisura de una represa no se puede contener con una curita”, reflexionó.
Mientras que para el expresidente Jorge Quiroga Ramírez, el discurso del presidente Arce es una reacción tardía, pues la crisis es estructural y no coyuntural, y es responsabilidad de Evo Morales y del actual mandatario.
Dijo que pide aprobación de créditos, no para obras sino para cubrir las importaciones de diésel. Aseguró que esta situación se venía venir, pero el Gobierno no hizo caso y la crisis estructural requiere una serie de medidas.
La apreciación de Quiroga, coincide con la opinión del economista Gonzalo Chávez, que en sus redes sociales ya indicó que la crisis es estructural, y se requiere un cambio de modelo, así como recortar gastos.
Mientras el analista económico Joshua Bellott, en entrevista con Panamericana, dijo que la economía nacional no puede depender de créditos para la provisión de hidrocarburos y salir de la crisis.
Opinó que el mensaje en vez de generar calma provocó mayor incertidumbre en la población y al parecer la crisis es mayor de lo que creemos.
Indicó que los 1.000 millones de dólares de crédito que está en tratamiento en la Asamblea Legislativa sólo serán para dos semanas de importación de hidrocarburos.
Sostuvo que el año pasado, alrededor de 3.000 millones de dólares se destinó para la importación de hidrocarburos. “Entre 2018 al 2023 la importación creció en 55%, cuando el parque automotor sólo se incrementó en 25%, en el mismo período”, reflexionó.
Como se recordará para la presente gestión se destinará alrededor de 3.400 millones de dólares para la compra de combustibles y 1.400 millones para el subsidio a los hidrocarburos, según el presupuesto para la gestión 2024.
En criterio de Bellott, el Gobierno no quiere tomar medidas, como la reducción de gastos del Estado, sin embargo, día que pasa se profundiza la crisis.
Dólares
Dijo que la escasez de dólares profundiza la crisis, así como provoca desempleo, promueve la informalidad y más pobreza, ya que el negocio de muchas familias se va deteriorando por la incertidumbre y la falta de la divisa estadounidense.
Asegura que Bolivia enfrenta una crisis sistémica y probablemente en el mediano plazo la gente notará la falta de alimentos, cuya situación atentará a las familias más vulnerables.
Señaló que ante la escasez de combustibles, muchos sectores piden liberar las importaciones de gasolina y diésel, debido a que el Gobierno no puede abastecer el mercado, con exención de gravámenes aduaneros, es decir no pagar impuestos ni aranceles.