La creación de más empleos públicos a través de las industrias que ejecutará el Gobierno, sólo beneficia a la administración de turno y su militancia, generan déficits y erogación de recursos de los contribuyentes. La nueva propuesta farmacéutica recibirá una inversión de más de 400 millones de dólares.

El economista Antonio Saravia escribió en su Twitter @tufisaravia: “El descaro… ¿Así que invirtiendo $us 478 mil bajarán el costo de los medicamentos en 50%? Al diablo las grandes farmacéuticas gringas y europeas con años de experiencia y economías de escala, Tilin lo hará en Cocha!.. Más plata al tacho y más corrupción”.

En varias oportunidades, el economista Gonzalo Chávez en sus redes sociales, al analizar la economía nacional, indicó que las empresas estatales sólo generan déficits y la nueva ola de industrialización que anuncia el Gobierno está muy retrasada, la primera ya tiene 200 años, y que más bien debía apuntar a la cuarta revolución, de tecnología, economía naranja y capital humano.

En las redes sociales, salen a la luz los términos que maneja el Gobierno respecto a la rentabilidad y utilidades que dan las empresas estatales, en ellas se muestran que los conceptos están cruzados y confundidos por parte de autoridades nacionales.

Por ejemplo, mencionan que un mensaje del Presidente Luis Arce hace un año, hablaba de rentabilidad de manera ambigua. “Nuestra Empresa de Cementos obtuvo Bs 178 millones en ventas hasta el 17/12/21. Desde su reactivación en junio, comercializó 230.000 toneladas”. Por supuesto que haya mejorado las ventas, no necesariamente significa que mejoró la rentabilidad.

Hace un año, Chávez explicó los términos de rentabilidad económica, financiera y social en su página de LinkedIn.

La rentabilidad económica = beneficio promedio de la empresa por la totalidad de las inversiones realizadas. Si la rentabilidad de una empresa en un año es del 10% significa que ha ganado 10 Bs por cada 100 Bs invertidos; la rentabilidad financiera = se refiere al beneficio que se lleva cada uno de los socios (los ciudadanos en el caso de las pública) de una empresa, es decir, el beneficio de haber hecho el esfuerzo de invertir en esa empresa; y la rentabilidad social se refiere a los beneficios que puede obtener la sociedad boliviana de un proyecto o inversión de una empresa.

“Si el Gobierno quiere hablar de manera seria sobre la rentabilidad, las empresas públicas deberían presentar los estados financieros de cada una de ellas, auditados por un ente independiente. Presentar datos ambiguos y generales, después particulares, es simplemente, el viejo humo de la propaganda”, criticó en ese entonces.

Un comentario sobre la opinión de Chávez de parte del economista Ernesto Sheriff, señala que “lo de siempre con estos ineptos del MAS, confunden ventas y producción con rentabilidad. Vendimos como nunca y perdimos más que siempre”.

Entretanto, Unitel, el 30 de junio, publicó una nota de la Fundación Milenio, en donde advierte que la economía está “debilitada” y se debe revisar subsidio para aliviar crisis.

El ‘Informe de la economía boliviana 2023’, presentado por esa institución, propone que además se debe evaluar el tamaño del empleo público y las empresas estatales deficitarias.

En el informe se concluye que, el país atraviesa una delicada situación que obliga a tomar medidas de impacto como la revisión del gasto en el subsidio de combustibles, el tamaño del empleo público y el déficit de las empresas estatales deficitarias.

Opinión

El abogado y politólogo, Eric L. Cárdenas del Castillo, en su artículo de opinión del 9 de septiembre, publicado en este medio, señala el fracaso de las empresas públicas.

“La visión estatista del régimen populista que nos gobierna más de tres lustros, y que administró los extraordinarios ingresos al tesoro público, durante una década, debido a los altos costos internacionales de las materias primas que exportamos, como minerales e hidrocarburos, determinó que en esa jauja –como nunca antes– sean iniciados varios emprendimientos industriales con recursos del Estado (de todos los bolivianos), creando empresas públicas que han resultado deficitarias”, señala.

Según un estudio sobre el rendimiento de las 32 empresas estatales, efectuada por el especialista Julio Linares, las empresas públicas recibieron entre 2007 y 2022, en calidad de préstamo, 23.000 millones de bolivianos y, según la Fundación Milenio, la deuda al Banco Central llega a 6.148 millones de dólares. Siguiendo a Linares, 17 empresas estatales, han acumulado una pérdida de 4.000 millones en ese mismo período de tiempo.

Nueva

A pesar de ese panorama adverso de las empresas estatales, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo (DS) 4050 que crea la empresa pública Laboratorio Industria Farmacéutica Boliviana (LIFAB), con un capital de 3.348,9 millones de bolivianos, y se anunció para noviembre, el lanzamiento de la licitación para su construcción en Cochabamba.

Al respecto, en conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó que LIFAB, que cuenta con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), estará a cargo de su cartera, a través del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).