En los últimos días, declaraciones de los avasalladores causó asombro, pues amenazaron y anunciaron tomar predios de Las Londras, mediante las armas y amenazaron a los empresarios de Guarayos.

Ante esa advertencia, el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó que se abrió un proceso por instigación pública a delinquir contra el dirigente de los interculturales de San Julián, Nicolás Ramírez Taboada, que amenazó con “agarrar armas” para defender las tierras que avasallaron.

“De oficio se ha abierto una denuncia contra una persona que mediante las redes ha cometido un delito y se ha abierto la investigación por el delito de instigación pública a delinquir”, señaló Mariaca.

El fiscal departamental, dijo que estas amenazas son contra las familias de los cruceños y que no se puede hablar libremente del uso de armas, por lo que se tomarán las acciones necesarias para que se haga cumplir la ley.

Amenazas

Ante esas expresiones de avasalladores y la toma de tierras a la fuerza, los productores expresan su preocupación “por el incremento de la violencia y de la inseguridad jurídica para los bolivianos; no es posible que los ataques armados y las amenazas con armas de fuego se conviertan en una recurrente acción que pone en riesgo nuestra convivencia pacífica”.

“Es imperativo que el Estado de Derecho prevalezca y que las acciones que amenazan la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de nuestras comunidades sean detenidas. El respeto a la ley es fundamental en una sociedad democrática y debe ser el marco dentro del cual se gestionen todos los conflictos”, señala el comunicado de la CAO.

Desde aquel lamentable incidente del 28 de octubre de 2021, donde la seguridad de periodistas y civiles se vio gravemente comprometida, hemos sido testigos de un incremento de actos que desafían el orden y la ley. Esta tendencia alarmante debe ser atendida con la máxima seriedad y con acciones decididas por parte de las autoridades correspondientes, sostienen.

“Exigimos a las autoridades judiciales y gubernamentales que las leyes se apliquen con rigor y sin demora, sancionando a aquellos que infringen la paz ciudadana con actos de violencia o amenazas”, sostiene el comunicado.

El sector hace un llamado a la justicia, no sólo para castigar a los culpables, sino también para prevenir la escalada de agresiones que amenazan el tejido social.

Instamos a la creación de un registro público que identifique a individuos que han participado en la ocupación ilegal de propiedades, tanto privadas como fiscales, con el fin de que estas acciones no queden sin las consecuencias legales pertinentes y para asegurar que tales prácticas no sean recompensadas ni legitimadas, plantea la CAO.

“Nuestro compromiso es inquebrantable hacia la protección de la vida y la propiedad privada, la seguridad de las tierras fiscales y el resguardo de nuestras áreas de conservación. Este compromiso es esencial para preservar el legado de Bolivia para las futuras generaciones”, asegura.

Dentro de sus condiciones para pagar precio internacional de diésel, está el respeto a la propiedad privada, es decir garantizar la seguridad jurídica para que las inversiones retornen.