«Nuestro gremio está convencido de que debe primar el ordenamiento jurídico internacional, establecido por medio del «Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay – Paraná», y sus protocolos adicionales, dentro del cual se reconoce recíprocamente la libertad de navegación en toda la Hidrovía de las embarcaciones de sus respectivas banderas, así como se establece que no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basado únicamente en el hecho de la navegación, sin antes haberse obtenido un acuerdo de los países signatarios», señala el pronunciamiento de los exportadores bolivianos.

Por este motivo, se adhieren a las solicitudes realizadas por otros gremios privados, así como también se adhieren a las solicitudes expresadas por el Comité Intergubernamental de la Hidrovía ‘CIH’ y al Comunicado realizado por los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay para que la República Argentina ponga en suspenso las Resoluciones 625 y 1023 del 2022 del Ministerio de Transporte, por medio de las cuales se impone unilateralmente un peaje que restringe la navegación en la Hidrovía Paraguay – Paraná, señala parte del pronunciamiento público.

Es importante hacer notar que el Estado Plurinacional de Bolivia, al igual que la hermana República del Paraguay, no cuenta con Litoral, por lo que ambas naciones dependen de la circulación por este tipo de corredores logísticos para garantizar su provisión de mercancías, energía entre ellas, y también para llevar su producción a mercados de ultramar, recuerda el ente matriz de los exportadores del país.

«Medidas como la asumida por la República Argentina, de embargo e interdicción a embarcaciones de la República de Paraguay, vulneran el estado de cordialidad y hermandad que une a nuestros pueblos y producen un incómodo malestar en la subregión», lamentan.

Ante esa sensible situación, hacen un llamado fraterno a los colegas empresarios del Mercado Común del Sur (Mercosur) para que promuevan solicitudes de gestión ante sus respectivos gobiernos, denunciando estas irregularidades e instando a tender lazos de diálogo y coordinación que permitan un retorno al estado de sujeción a la normativa nacional e internacional, para provecho y beneficio mutuo.

«Nuestro gremio solicitará también gestiones para que se conforme una comisión al interior del Grupo de Trabajo del Mercosur, que pueda tratar estos asuntos en procura de la más temprana solución», finaliza el pronunciamiento.