“Fuimos notificados (el jueves) con un auto dictado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que concede al Estado Plurinacional de Bolivia una prórroga excepcional y única hasta el 19 de enero de 2024, para dar cumplimiento a la sentencia notificada el 17 de julio de 2023”, informó el procurador general del Estado, César Siles, en conferencia de prensa.

En julio, el Tribunal de Justicia falló a favor de Perú en la demanda que presentó contra Bolivia por el precio diferenciado del combustible que se aplica a los vehículos con matrícula extranjera.

La demanda peruana argumentaba que aquella determinación, de subsidiar el combustible para vehículos nacionales y no así para los extranjeros, “vulneraba” los principios de “Trato nacional, no discriminación y libre competencia”, previstos en las decisiones andinas 398, 837 y 608, del bloque de países que conforman la Comunidad Andina (CAN).

De acuerdo con la Sentencia del Tjcan, Bolivia tenía 90 días para corregir las acciones de incumplimiento y, en caso de reincidir en ese tema y no acatar la resolución, la CAN autorizaría la imposición de sanciones comerciales; sin embargo, con el nuevo auto, el plazo se amplía hasta enero de 2024.

“Este auto dictado dentro del procedimiento antes mencionado, ha sido motivado por una solicitud que presentó la Procuraduría (…). Nos conceden por única vez la posibilidad de coordinar interinstitucionalmente en el cronograma de plazos y forma de cumplir la sentencia”, explicó Siles.

Ante esa posibilidad, dijo, las instituciones competentes en el área se reunirán para evaluar las estrategias, para dar cumplimiento a la sentencia de la Comunidad Andina de Naciones.

“Una sentencia emitida en el marco de la Comunidad Andina debe ser acatada, vamos a plantear los diferentes escenarios que la Procuraduría ha analizado para el cumplimiento de la sentencia (…). Entre esos escenarios, el más importante y crucial es la modificación de la normativa vigente”, señaló.

Advirtió que, caso contrario, Bolivia sería pasible de una acción sumaria de incumplimiento ya anunciada por Perú.

“Puede derivar en sanciones, entre ellas, en contra de nuestros exportadores subiendo los aranceles, producto por producto de forma progresiva. No queremos llegar a ese momento, al contrario, estamos seguros que el día de hoy vamos a coordinar en defensa de los intereses del Estado, pero también en defensa de nuestros transportistas, de nuestra normativa”, aclaró.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la CAN indica que se debe adecuar la normativa boliviana -explicó el Procurador- al ordenamiento jurídico comunitario.

“En ningún momento dice que subamos o bajemos el precio subvencionado de los combustibles”, remarcó. (ABI)