La onda estatista desplazó a la privatizadora y con ella, el objetivo de las autoridades de regulación.

La falta de institucionalidad en las entidades públicas reduce la efectividad de la fiscalización y control a las actividades económicas, además la intervención del Estado a través de sus empresas estatales, baja más la labor de estas entidades de Fiscalización y Control. En época de la capitalización se crearon las superintendencias, debido a que todo pasó al sector privado.
Como se recordará en 1994 se pone en marcha el marco regulatorio en el país, con la creación de la Ley del Sistema de Regulación Sectorial (Sirese), cuyo objetivo era regular, controlar y supervisar aquellas actividades de los sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transporte, aguas y de otros sectores.
En los incisos del primer artículo, la norma señala que “las actividades bajo su jurisdicción operen eficientemente, contribuyan al desarrollo de la economía nacional y tiendan a que todos los habitantes de la República puedan acceder a los servicios; tanto los intereses de los usuarios, las empresas y demás entidades reguladas, cualesquiera fuera su forma y lugar de organización o constitución, como los del Estado, gocen de la protección prevista por ley en forma efectiva; y la potestad de regulación estatal se ejerza estrictamente de acuerdo con la ley”.
Mientras tanto, en 2009 crean las Autoridades de Fiscalización y Control Social, y de esta manera desplazan a las superintendencias, con el objetivo de regular las actividades que realicen las personas naturales y jurídica, privadas, comunitarias públicas, mixtas y cooperativas en los sectores de transporte y telecomunicaciones, agua potable y saneamiento básico, electricidad, forestal y tierras, pensiones y empresas.
El objetivo apuntaba a garantizar los intereses y derechos de los consumidores y usuarios, promoviendo la Economía Plural prevista en la Constitución Política del Estado (CPE).
Contexto nacional
Las superintendencias se crearon en un período de privatización, pues prácticamente el Estado no participaba en la actividad económica, debido a que se trasladó al sector privado.
De acuerdo a fuentes consultadas, al ingresar Bolivia a un escenario estatal y con políticas alejadas del libre mercado, la regulación quedó incierta y los responsables habrían entrado en un escenario de incumplimiento de deberes.
Para el experto en temas legales, Iver Von Borries, una opinión legal sobre el trabajo de las autoridades de regulación, no amerita, debido a que existe todo el andamiaje jurídico para que realicen su trabajo y regular a todas las empresas públicas y privadas.
Deben cumplir ese rol. Están las normas, leyes y resoluciones. De ahí que se cumpla, en la práctica es otra cosa, reflexionó.
Onda privatizadora
Para el economista Darío Monasterio, la reforma estructural en los 90 tenía una suerte de una “onda privatizadora”, ya que ingresaron empresas privadas a operar en sectores estratégicos de la economía nacional.
Y para ello, se creó el Sistema de Regulación Sectorial, pero la administración del Movimiento al Socialismo (MAS) desbarató todo el sistema.
La estatización de la economía entró en vigencia, y con mayor razón debería funcionar el Estado Regulador, pero el contexto actual muestra todo lo contrario.
Monasterio sostiene que todas las autoridades deben ser institucionalizadas y no supeditarse al poder político; también las empresas estatales deberían haber ingresado en este contexto.
Lamentó que se haya mezclado todo y destrozado el Estado regulador. Dijo que se crearon empresas estatales y se nacionalizaron otras, el mismo Estado es el que regula.
Afirmó que no se respeta la CPE de 2009. La Constitución señala que se deben elegir autoridades de regulación por una terna enviada por el Presidente a la Asamblea, y deberían ser nombrados por dos tercios del Congreso, pero no se cumple.
Recordó que desde el 2009 debería haberse implementado la institucionalización de cargos en todas las autoridades de regulación, inclusive del Banco Central de Bolivia (BCB), y cumplir sus funciones.
Pero a la fecha ninguna institución relacionada con la economía alcanzó ese objetivo, por lo tanto se pone en duda su función reguladora y de dar certidumbre a los agentes económicos.
“No hay institucionalización en el país para dar garantías a las inversiones y los derechos”, resaltó y señaló que los parlamentarios deberían promover una ley de actualización del sistema de regulación de las actividades económicas del sector público y privado.
Hay una falta de institucionalidad. Autoridades no cumplen su función, y pueden incurrir en incumplimiento de deberes, incluso en daño económico al Estado, reflexionó.
Para el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, la economía nacional es altamente estatista, burocrática y política.
“Se le quita objetividad, eficiencia, tanto para controlar al sector privado y mucho más al público; se prioriza lo político antes que lo técnico”, sostuvo. Para Romero el tipo de supervisión es poco objetiva.
En su momento, el economista Gonzalo Chávez observó el trabajo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el marco de la escasez de combustibles.
En las redes sociales, los internautas pusieron quejas del trabajo de Boliviana de Aviación (BoA), en especial cuando perdieron mascotas, pero también por la cancelación de vuelos o retrasos, por las fallas que presentan las naves y deben volver al aeropuerto de origen.