La decisión traerá más gasto en la compra de combustible, así como elevará el costo de la subvención, que el año pasado se duplicó el presupuesto, pues de 700 millones de dólares, la cifra alcanza hasta finales de gestión de 1.700 millones.

Para la presente gestión se presupuestó 1.000 millones de dólares, y paralelamente el Gobierno aplica un plan de control al contrabando de combustibles para reducir el costo de la subvención, pero la decisión andina puede aumentar el gasto para la compra de hidrocarburos.

Entre tanto, la autoridad aseguró que se va a cumplir (el fallo). “Se va a cumplir, no hay más, porque si no cumplimos estaríamos sujetos a sanciones internacionales”, dijo Gutiérrez, a tiempo de señalar que la resolución del Tribunal Andino es inapelable y de cumplimiento obligatorio.

En este caso, Perú demandó a Bolivia al considerar que vender el combatible más caro para transportistas extranjeros vulnera el principio de no discriminación y libre competencia. El Tribunal le dio la razón al demandante.

El Viceministro dijo que se buscará estrategias en el tema administrativo para frenar este tema.

Anticipó que no se venderá el combustible subvencionado a todos los transportistas del exterior, sino sólo a los que están registrados o autorizados para ingresar a Bolivia.

“En eso estamos viendo la parte administrativa. Estratégicamente vamos a ver también a quiénes se le vende y a quiénes no se le vende, porque no es a cualquier ciudadano que entre del Perú o de Chile que se la va a vender con la subvención, sino que tiene que estar autorizados para hacer el transporte internacional”, acotó.

Explicó que la estrategia se definirá en conjunto con otras entidades, como la Cancillería.

SOBRE EL PEDIDO DE RENUNCIA

Tras este caso, la Confederación de Choferes pidió la renuncia de Gutiérrez. El Viceministro señaló que está dispuesto, pero aclaró que el tema de la defensa en el proceso en el Tribunal Andino no es su competencia.

Acotó que la competencia para la defensa en el caso corresponde a la Cancillería y la Procuraduría.

“Si piden mi renuncia, no hay ningún problema, yo me voy, no hay ningún problema, pero yo aclaro que no está dentro de mí competencia”, agregó.

ACUSACIONES

Por otra parte, en lo que se refiere a la denuncia del Procurador del Estado Wilfredo Chávez, que la demanda se habría puesto en la gestión de la ex presidenta Jeanine Añez, El Deber en una nota muestra que el proceso empezó en octubre de 2020, pero la demanda se admitió en diciembre de este año, cuando ya era presidente Luis Arce. (EL DIARIO y Erbol)