Augusto Vera Riveros

Muchos analistas y jurisconsultos han fustigado la farsa de los juicios que se le sigue a la expresidenta Jeanine Añez por hechos en los que nada tiene que ver, pero principalmente por la vía en que actualmente se la procesa. En mi caso, insistí hasta el cansancio en que la injusticia que se comete contra ella no significa que deba ser eximida de los delitos que pudo haber cometido durante su paso por el Palacio Quemado, pues indudablemente ella debe ser juzgada por conductas que tienen que ver con hechos de probable comisión delictiva, pero siempre con las garantías del debido proceso.
Como en otras oportunidades, leo la ley 044 de Juicio de Responsabilidades y aún no puedo asimilar que Añez esté siendo juzgada en procesos ordinarios, cuando la Constitución, la ley, la jurisprudencia y el derecho comparado determinan que, por su investidura presidencial, goza de fuero especial. Claro que, como todos saben, estos procesos son enteramente políticos, lo que hace de la justicia boliviana un sistema cada vez más rastrero al poder. Ya en anteriores artículos lo dije, y la percepción jurídica que mantengo no varía, pero aclara: fue Evo Morales el responsable, no obstante que el entonces ministro de Justicia, Iván Lima, como abogado de larga trayectoria, tenía claro el camino que debía seguirse respecto a la expresidenta constitucional y los hechos de Sacaba y Senkata.
A la bancada masista, menor a dos tercios —y que por entonces se juraba amor eterno—, no le alcanzó para una proposición acusatoria; entonces solo se dio por un capricho de Evo Morales, que para entonces en apariencia no tenía ningún poder, pero que en los primeros meses del gobierno de Arce era el rey detrás del trono. Si a ese señorío le sumamos el tupé de alguien que es capaz de mandarse hacer un museo en medio de la nada para exhibir sus camisetas de fútbol, entonces se tiene la figura de un autoritario que no tuvo ningún escrúpulo para, contra todo principio legal y ético, ordenar el procesamiento por la vía ordinaria.
¿Cómo se puede afirmar ese extremo? Simplemente porque Iván Lima —cuando todavía todo el MAS, ministros, parlamentarios y el propio presidente Luis Arce eran parte de una cofradía que devotamente obedecía al pernicioso caudillo, intentó el Juicio de Responsabilidades— lo dijo en una entrevista periodística, por lo que el hombre con vida más nocivo para el país impuso los procesos ordinarios, consolidándose una sublimación nauseabunda desde el Ejecutivo, porque tomaron el camino en el que ellos mismos no creían, salvo porque de todas maneras la justicia estuvo entonces, y lo está todavía, completamente a su servicio. Luego, independientemente de si Jeanine Añez deba ser juzgada por un fuero especial o como cualquier ciudadano, es que, durante 15 años, el país estuvo sometido a las órdenes del jefe, cuando la inquina por sus enemigos políticos superaba a la prudencia.
La aplicación de la norma es imperativa, de manera que la decisión del Gobierno de Arce obedeció a un capricho de Evo Morales y no a la aplicación rigurosa de la ley ni a la convicción jurídica de quien por entonces y hasta hace pocos días tenía la obligación de señalar la vía procesal que él creía correcta, mucho más si Iván Lima fue pieza central del ala política en el gobierno actual. Los procesos que se ventilan en contra de la expresidenta evidentemente están plagados de irregularidades y, tal como sostuvo el exministro, en algún momento serán nulos para someterse a la autoridad supranacional que corresponda.
En consecuencia, la decisión impuesta de someter a Añez a procesos ordinarios carece de sustento jurídico y que la presidenta haya ejercido como resultado de un golpe de Estado (que no es cierto) o por sucesión constitucional, es intrascendente, porque ni la Carta Fundamental ni la ley 044, al tratar sobre el tema, hacen una precisión sobre el camino por el que accedieron a la presidencia para encausarlos por una u otra vía por delitos cometidos derivados de su investidura. En todo caso, y en lo que a la temática que la presente columna pretendió abordar, lo relevante es la actitud monárquica, aun sin ser el presidente, de quien ha desconocido flagrantemente la voluntad popular y por consiguiente violado la Constitución: Evo Morales.

Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.