Ignacio Vera de Rada
Según el más reciente informe de la Economist Intelligence Unit (EIU, del grupo The Economist), correspondiente al año 2023, hoy menos del 8 por ciento de la población mundial vive en democracias plenas, mientras que el 39.4 vive en regímenes autoritarios. Es una cifra alarmante, tomando en cuenta que hoy el mundo tiene un gigantesco poderío técnico y, por ende, que la razón instrumental puede ser utilizada para destruir. En algunos aspectos, pues, el ser humano parecería seguir viviendo en la Edad de Piedra; es decir, resolviendo sus controversias con golpes y gritos. Ahora la pandemia del covid-19, la guerra en Ucrania y el recrudecimiento de la tensión en Medio Oriente, entre otros fenómenos, habrían ayudado a que el autoritarismo se intensificara. Un primer gráfico de la EIU muestra que, desde 2006 a 2023, el promedio mundial de la democracia fue en declive; en un rango del 1 al 10, se habría descendido de 5.53 al 5.23 aproximadamente. Entre los criterios de medición, el que habría incrementado favorablemente a escala planetaria sería la “participación política” y los que más se habrían deteriorado serían los “procesos electorales y el pluralismo” y las “libertades civiles”.
Mientras que países como Noruega, Nueva Zelanda o Islandia se mantienen como democracias casi perfectas, naciones como Afganistán, la República Centroafricana o Siria viven bajo regímenes radicalmente autoritarios, con números rojos en todos los criterios que mide la EIU. Entre 2022 y 2023 hubo cambios para bien y para mal: países como Ruanda y Etiopía subieron un par de décimas en sus marcadores, pero otros como Níger o Gabón descendieron más de un punto.
2024 es un año electoral; de hecho, es el que tiene más elecciones desde el advenimiento del sufragio universal: más de la mitad de la población mundial (76 países) está yendo a las urnas. Pero ahora cabe preguntarnos si ello es sinónimo de una conciencia democrática consolidada en el mundo: tantos procesos electorales ¿no son sinónimo de un mundo democrático y pluralista? La realidad parece no ser así, ya que en muchos países lo que hay son elecciones solo formales: o con partidos hegemónicos como únicas opciones o con procesos amañados por el poder, como sucedió recientemente en Venezuela (país que logró 2.31 en su índice de la EIU, dicho sea de paso). El informe de la EIU prevé que solo haya elecciones total o parcialmente limpias en 43 de los 76 países que acudirán a votar este año. Por otra parte, hay que recordar que hoy la democracia no puede ser reducida a la organización de procesos electorales nada más; son muchos otros factores los que dan cuenta de su existencia real.
Analicemos brevemente el caso de Latinoamérica y Bolivia. Uruguay y Costa Rica mantienen óptimos números: 8.66 y 8.29, respectivamente. En 2006, cuando se hizo el primer informe de índice, Bolivia logró un expectable 5.98; en 2008 logró un 6.15, y de ahí (a excepción de 2020, año en que se registró un leve ascenso del 4.84, de 2019, al 5.08) fue cayendo año tras año, hasta llegar a 2023 con un 4.20, número que la sitúa en la franja de países con regímenes híbridos; es decir, que se debaten entre lo poco que queda de democracia y el autoritarismo.
Con el informe de la EIU, que es muy rico en datos, se pueden hacer análisis mucho más extensos, pero ahora vertamos un par de conclusiones breves y provisionales en lo que concita a la realidad boliviana. En 2025 Bolivia acudirá a votar y lo hará bajo una institución electoral sin credibilidad y con sospechas de haber cometido un fraude en 2019. A ello se suma la situación crítica de un Órgano Judicial que, por lo demás, nunca funcionó correctamente. Hasta el momento, no se perfila un candidato o un partido sólidamente organizado que propongan cambios estructurales, no ya para transformar la cultura política, sino para resolver los problemas económicos y ecológicos que están asfixiando a miles de familias. Por lo demás, y pese a la probable derrota del MAS o el fin de su ciclo como partido predominante en el espectro político boliviano, lo más probable es que la cultura caudillista y autoritaria se mantenga intacta por un tiempo indeterminado, ya que modificar las costumbres y los hábitos predominantes de una sociedad supone un lento proceso y un laborioso trabajo fundamentalmente educativo.
Ignacio Vera de Rada es politólogo y comunicador social.