Luis Fernando Romero Torrejón

Después de haber leído las preguntas del referendo enviadas por el presidente de Bolivia al Tribunal Supremo Electoral, tengo las siguientes consideraciones respecto a lo que se refiere la subvención de carburantes.
1) En primer lugar, las preguntas 2 y 3 tienen trampa. Porque las mismas NO definirán la continuación o no de la subvención de los carburantes en el país. Nos están consultando SI deseamos que la subvención a los carburantes continúe “tal como actualmente se encuentra”. NO están preguntando si se debe quitar o no, si habría que reajustarla, eliminarla total o parcialmente, ni nada de fondo sobre este tema tan importante para nuestra economía. Es decir, la población al responder las mismas nada estructural determinará al respecto, ni se solucionará el daño colateral de un subvención mal planteada y aplicada por décadas en Bolivia.
2) Cuando se refiere a que la subvención de carburantes tiene un “gran costo económico” es parcialmente cierto, ya que la misma representa solo el 4% del PIB nominal del 2023 y el 5% del Presupuesto General del Estado 2024. El año pasado se ha destinado en total Bs 12.678 millones a la subvención a los hidrocarburos, de los cuales el 98% fue para la subvención de gasolina y diésel. Es decir, era un gasto sostenible en épocas de ingresos extraordinarios por las exportaciones de gas natural. En esta coyuntura de crisis, la subvención se hace cada vez menos sostenible, por un déficit fiscal crónico.
3) Cómo se ha indicado, el costo económico elevado, que indica la pregunta, no proviene precisamente de los recursos erogados dentro del PGE, sino de los daños colaterales por tener los carburantes más bajos de la región (después de Venezuela). Esto genera un contrabando masivo a países vecinos, el uso indiscriminado en actividades ilícitas (narcotráfico, minería ilegal, otros) y el consumo para cerca 500 mil vehículos indocumentados. Esto produce una sobredemanda de al menos un 30%, por el mayor gasto en importación y, por ende, en subvención a los carburantes.
4) El daño económico (mayor gasto) también se focaliza en problemas de logística y transporte de los carburantes hacia el país, existe ineficiencia. Mientras se importe y distribuya por cisternas y no por ductos, el costo será mayor, dando la posibilidad de hechos de corrupción y sobreprecio, además de la vulnerabilidad en su distribución por factores como bloqueos o paros nacionales.
5) Obviamente, es un pésimo negocio, comprar caro y vender barato, tal como está aplicada la actual subvención. Además, es un doble problema, fiscal y monetario. Fiscal, ya que este gasto, con finanzas estatales deterioradas de años, es ya casi insostenible, y monetario, debido que significa una fuga de divisas para importar carburantes y venderlos subvencionados en el mercado interno. Compramos en dólares y vendemos en bolivianos, aparte resulta muy barato.
6) En esta coyuntura de crisis fiscal y finanzas públicas al rojo vivo, hacer un referendo que nada estructural resuelva a favor de nuestra economía, y con la gran posibilidad que sea respondida por una población desinformada sobre esta problemática, y que podría actuar inclusive políticamente, no es lo más sensato (costo/beneficio). El costo de este proceso se estima en alrededor de los Bs 180 millones, que podrían ser bien utilizados para combatir el contrabando y uso ilegal de los carburantes subvencionados, y en ese sentido si se aliviaría en algo la presión fiscal derivada de la misma.
7) Decir que por la subvención de carburantes hay escasez de dólares y desabastecimiento de carburantes, es sí y no. SÍ, porque mientras la misma no se modifique y esté vigente, significará una mayor importación de carburantes (por sobredemanda), y por ende un mayor gasto en dólares (fuga). Con nuestra actual situación financiera y estado crítico de las RIN, es muy difícil que YPFB pague oportunamente a nuestros proveedores, de ahí proviene el desabastecimiento. Pero NO, seria porque el origen de la escasez de dólares y carburantes en el mercado interno se dio y se dará por causas principalmente fiscales, un gasto publico elevado, que dio como resultado 11 años consecutivos de déficit fiscal. Es decir, no hay suficientes ingresos (en dólares) para cubrir una importación y subvención creciente de carburantes, destinados en parte al contrabando, narcotráfico y otros.
8) Complementando, si es que la subvención a los carburantes fuera la causa más importante para la escasez de dólares y desabastecimiento de carburantes, todos los años desde su implementación hubiesen existido esos problemas. La causa es fiscal, con consecuencias negativas monetarias, cambiarias, comerciales y energéticas. La subvención es un problema tal como está, pero no la causa, sino el resultado. Además, la subvención, la diferencia entre lo que compramos y vendemos los carburantes, se presupuesta y se cubre en bolivianos, no en dólares. Finalizando, la subvención es un problema multidimensional que, si no se reajusta óptimamente, deberá eliminarse. Aun así, este proceso no es concluyente, sino el principio de una serie de acciones y políticas que deberán correr paralelamente para evitar una mayor recesión e inflación en BOLIVIA.

El autor es Presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.