El pasado 26 de junio, el Gobierno elimin贸 la prohibici贸n del uso de criptomonedas y autoriz贸 a las entidades financieras realizar transacciones con activos digitales. La medida puso fin a una decisi贸n del Banco Central de Bolivia (BCB), establecida en 2014 y consolidada a trav茅s de resoluciones de 2020 y 2022, que consideraban que las monedad virtuales 鈥渟on emitidos de manera desconocida y no tienen una aceptaci贸n generalizada en las econom铆as; tambi茅n son utilizadas para el lavado de dinero, la legitimaci贸n de ganancias il铆citas y el financiamiento de actividades ilegales鈥�, y que 鈥渋mplican potenciales riesgos de generar p茅rdidas econ贸micas a sus operadores y/o poseedores鈥�.
Todos los argumentos citados fueron olvidados hace dos semanas y ahora el BCB cree que las criptos 鈥減roporcionar谩n a la poblaci贸n un mecanismo adicional que coadyuvar谩 con el fortalecimiento de las actividades financieras, comerciales y productivas privadas de compra de servicios鈥�, adem谩s de 鈥渟atisfacer las diferentes necesidades鈥�.
No es el primer caso en que, frente al implacable avance del tsunami de la crisis, el gobierno se ve obligado a retroceder en decisiones y medidas que antes asum铆a como dogmas del modelo.
Recientemente el ministro Franklin Molina reconoci贸 que la Ley de Hidrocarburos qued贸 obsoleta y representa una dificultad para avanzar en una mayor exploraci贸n hidrocarbur铆fera. La Autoridad se帽al贸 que no hay condiciones para invertir y plante贸 鈥渦na reforma estructural en el sector para atraer inversiones en exploraci贸n y explotaci贸n, reestructurar el marco normativo y regulatorio, y desburocratizar la aprobaci贸n de contratos鈥�.
En otro caso, el 19 de febrero pasado, mediante un acuerdo con la CEPB, el gobierno anunci贸 鈥渓a liberaci贸n de las exportaciones y la creaci贸n de un mecanismo expedito y 谩gil para que los productores nacionales puedan llevar sus productos al resto del mundo鈥�, modificando la pol铆tica de cupos iniciada en 2008.
Este mecanismo, que alcanz贸 principalmente a los alimentos producidos en Santa Cruz, lleg贸 a afectar a 41 productos, de acuerdo a datos del IBCE, y fue usado como medida pol铆tica, ya que cada cierto tiempo el Ejecutivo aumentaba o disminu铆a arbitrariamente los vol煤menes de exportaci贸n autorizados a los empresarios.
En el Acuerdo del 19F el gobierno tambi茅n acept贸 que los grandes consumidores puedan importar de manera directa el di茅sel, lo que implica un retroceso al centralismo estatal, que hasta entonces otorgaba la exclusividad de la compra y comercializaci贸n de carburantes de venta masiva a las estatales ANH y YPFB.
Otro cambio importante en esta etapa ha sido la actitud del gobierno respecto al di谩logo con el sector privado. En efecto, durante los dos primeros a帽os de la gesti贸n, no se produjeron reuniones de trabajo entre las m谩ximas autoridades del Ejecutivo y los empresarios, limit谩ndose los encuentros a asuntos protocolares. Esta l铆nea de acci贸n se modific贸 a partir de 2023, cuando se empezaron a llevar a cabo reuniones sobre temas espec铆ficos, muchas de las cuales han producido resultados concretos.
Es evidente que estos retrocesos, cambios y ajustes no responden a una voluntad expresa ni a la apertura providencial del gobierno a un ajuste en las pol铆ticas p煤blicas, sino a la necesidad de enfrentar la crisis, la escasez de d贸lares y el problema de los carburantes. Pero, sobre todo, a la evidencia de que en la actual coyuntura y frente a las complejas perspectivas econ贸micas, el Estado no puede planificar ninguna salida sin la participaci贸n del sector privado.
Aunque positivos y auspiciosos, estos cambios y retrocesos son insuficientes si no hay transformaciones de fondo en el modelo econ贸mico, lo que implica una verdadera reorientaci贸n en la visi贸n del desarrollo, la menor participaci贸n estatal en la econom铆a y la eliminaci贸n de las trabas que impiden el dinamismo de la iniciativa privada. Lo dem谩s son medidas coyunturales, incompletas y vulnerables a las amenazas que se avecinan.

El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederaci贸n de Empresarios Privados de Bolivia.