Ronald Nostas Ardaya

El 7 de febrero de 2009, el entonces presidente Evo Morales, promulg贸 la nueva Constituci贸n Pol铆tica del Estado (CPE) que, entre otros aspectos, cambi贸 la denominaci贸n de Rep煤blica por la de Estado Plurinacional, y derog贸 la anterior Carta Magna que estuvo vigente por 42 a帽os. El nuevo texto constitucional fue aprobado por dos millones de ciudadanos, en el refer茅ndum de enero de ese a帽o, aunque fue rechazado en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Es decir que, no obstante que alcanz贸 la votaci贸n aprobatoria del 61%, no tuvo el consenso nacional que requer铆a un Pacto Social de esa naturaleza.
Con todo, la nueva Constituci贸n est谩 vigente desde hace 15 a帽os, los suficientes para que sus 411 Art铆culos se hubieran aplicado plenamente y, sobre todo, para que haya logrado la 鈥渞efundaci贸n de Bolivia鈥� e iniciado una 鈥渘ueva historia鈥�, como reza su singular pre谩mbulo.
Sin embargo, la obstinada realidad evidencia que ni refund贸 Bolivia ni inici贸 una nueva historia, ya que muchos de sus principios, mandatos y promesas, no pasaron de ser declaraciones desiderativas e incluso se distorsionaron debido de su compleja redacci贸n, sus contradicciones internas, la poca lucidez de sus redactores, y sobre todo, su propia insuficiencia para crear un horizonte com煤n que d茅 respuestas a una naci贸n que permanece dividida, a un sistema institucional destruido y a un modelo de Estado que no representa los intereses del pueblo ni genera cohesi贸n ni unidad.
Es innegable que nuestra actual Ley Suprema tiene muchos aspectos positivos, especialmente en el reconocimiento de derechos y la inclusi贸n; sin embargo, lo es tambi茅n que su orientaci贸n institucional y filos贸fica precisa modificarse.
Hay muchos ejemplos que sustentan esta necesidad. El sistema de justicia impuesto por la Constituci贸n actual nos llev贸 al irracional experimento de elecciones populares para nombrar a las Altas Autoridades del Poder Judicial, y gener贸 un modelo ineficiente, poco transparente y proclive al control partidario, debido a que en su composici贸n se menosprecia la meritocracia y se entroniza un esquema de cuoteo disfrazado de democracia.
El principio del pluralismo pol铆tico es otro fracaso que fortaleci贸 la informalidad en la propia democracia, al permitir que los corporativismos sociales puedan imponer sus intereses sobre la base de la presi贸n, el chantaje y muchas veces la violencia.
Pese a que incluye el modelo de autonom铆a, la propia CPE cre贸 cinco niveles de administraci贸n pol铆tica, pero mantuvo un sistema de control gubernamental f茅rreo de los recursos p煤blicos, inviabilizando cualquier administraci贸n descentralizada.
Otro aspecto contradictorio se refiere al valor del texto constitucional como norma suprema. As铆, mientras el art铆culo 13 se帽ala que los tratados y convenios internacionales de DDHH prevalecen por sobre la Constituci贸n, el art铆culo 410 sentencia que, 鈥渓a Constituci贸n es la norma suprema del ordenamiento jur铆dico boliviano鈥�. Pero m谩s grave a煤n es el poder total de interpretaci贸n de su contenido que le asigna al Tribunal Constitucional, estableciendo que sus decisiones y sentencias 鈥渟on de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno鈥�. Es decir que delega en siete personas, la facultad de decidir arbitrariamente el sentido y el valor de cualquier art铆culo constitucional, sin posibilidad alguna de apelaci贸n, lo que ha generado aberraciones jur铆dicas inadmisibles en un Estado de derecho.
Por definici贸n, toda norma es perfectible y debe ser ajustada o cambiada cuando no cumple su cometido, cuando afecta derechos o cuando es inaplicable. En el caso de la CPE, su importancia es mayor porque sus principios, orientaci贸n y contenido deben representar la identidad, visiones, esperanzas y valores del pueblo que la adopta. Sobre todo, debe establecer la gu铆a para que esos principios se materialicen, y los mecanismos para ordenar el sistema de gobierno, poner l铆mites al poder y establecer los derechos y deberes de todos. Lamentablemente, nuestra actual Carta Magna no alcanza a cumplir estos principios. Es necesario y oportuno decidir, entre todos, un ajuste significativo que restablezca el Pacto Social sin el cual, nuestro pa铆s corre el riesgo de hacerse inviable.

El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederaci贸n de Empresarios Privados de Bolivia.