El periódico “El Mercurio” de Santiago de Chile, ha publicado una opinión, subida a las redes sociales, del destacado periodista y escritor Andrés Oppenhaimer, quien sostiene: “Muchas vidas podrían hacerse salvado en Venezuela, si la Comunidad Internacional hubiera condenado a Chávez, cuando comenzó a desmantelar la democracia (…) lo mismo está sucediendo en Bolivia”.
Es ciertamente preocupante la opinión de Oppemhaimer, pues en nuestro país hace ya 18 años que estamos gobernados por un régimen de ciertas características autoritarias, y que, además, en esta segunda versión, se ha agudizado por el deterioro económico, social y político, por la política “de mano dura” a los opositores y gente que no sigue el libreto oficial, que se ha incrementado.
La judicialización, no solo para reprimir, sino para la ejecución de las políticas de gobierno, es ahora el modelo, pues el gobierno ya no controla todos los órganos del Estado –al contrario de lo que sucedió en el período de Evo Morales–, ha perdido buena parte el control del Órgano Legislativo, por lo que utiliza a las autoridades del Órgano Judicial para que dicte medidas restrictivas de las competencias de otros órganos o toma decisiones absolutamente políticas, que tienen que ver con las decisiones de política interna del Órgano Ejecutivo. Para ese control defiende la “auto prórroga” de funciones de las autoridades judiciales, lo que va en contra de los preceptuado por la Constitución Política del Estado.
Este cuadro de co-gobierno de políticos y jueces, ha llevado al ex presidente de la República Eduardo Rodríguez Veltzé a considerar como una “provocación abierta al orden democrático”, el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que anuló la sesión de la Asamblea Legislativa de 6 de junio pasado, que presidió el senador Andrónico Rodríguez, que estaba en funciones de presidente del Legislativo, por viaje de su presidente, pues según los “autoprorrogados” magistrados, éste se habría atribuido la presidencia de la tal asamblea, cuando las normas atribuyen al reemplazante interino las competencias de la función que ha asumido. Igual condena hace Rodríguez Veltzé a la autoprórroga que determinó ese tribunal (TCP), como un desafío al orden constitucional. (EL DIARIO, 22 de junio, 2024).
El expresidente Morales Aima en el inicio de su larga gestión (tres períodos), en foros internacionales se proclamó: “marxista leninista, socialista comunista”, siendo el primer presidente de Bolivia que se identificó con esta ideología, lo mismo que el actual presidente Arce Catacora que en varias declaraciones públicas, ha mostrado su admiración por el régimen comunista cubano y su ideal de establecer un régimen de “poder popular”, como se denomina en Cuba al régimen.
Las autoridades del gobierno “masista” antes y ahora, afirman constantemente en sus intereses de política interna, la defensa de la democracia, cuando en verdad estamos gobernados bajo un régimen poco democrático, en el que la independencia y autonomía de poderes u órganos públicos no existe. Observamos más de dos centenares de detenidos políticos por la represión judicial, la ausencia de un “estado de derecho” aceptable, un grave cuadro de deterioro económico y la poca credibilidad de la ciudadanía en el gobierno, agudizada por el cuestionado “golpe militar” de 26 de junio, en el que algunas autoridades del gobierno en medio de los encuentros verbales entre el jefe golpista y el presidente “golpeado”, aparecen riendo, o el Ministro de Gobierno golpeando la ventanilla de un carro de asalto, señalando su reloj y otros actos que restan credibilidad a esos hechos.
Varias voces en el escenario internacional, ven al régimen de gobierno boliviano, como alineado a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y a los gobiernos de países contrarios a la cultura democrática de occidente, como China, Rusia e Irán. La visita del presidente izquierdista de Brasil a nuestro país, con el argumento de profundizar las relaciones entre ambos países, en especial en el orden económico, para lo que ha venido un grupo de empresarios, hace que los funcionarios del régimen hablen de inversiones privadas de capital brasileño en nuestro país, ideal que tropieza con las condiciones poco propicias para atraer inversiones privadas directas, como la falta de garantías para una justicia independiente y otras limitaciones del esquema de gobierno desde 2006.
Para que la población tenga certidumbre sobre el rumbo del país, deberían las autoridades, comenzando por el presidente, aclarar su discurso, si vamos a un régimen de “poder popular” o fortalecemos la democracia con medidas a favor de la ciudadanía, sus derechos y libertades.

El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.