Álvaro Numbela T.
Es necesario dejar de preocuparse por la crueldad y la intimidación con que se manejan las cosas. Pasemos a precisiones más inteligentes y comprensibles. Consiguientemente, estamos frente a una disyuntiva de tener un presidente de nosotros, el Pueblo, o un presidente que dice “yo, conmigo” las cosas irán mejor.
Sin embargo, son estas personas las que reciben competencias para manejar los negocios públicos, tomando decisiones iniciales para las diversas situaciones donde se encuentre comprometida la vida nacional.
ATENCIÓN CON ELLO
El Estado no es solo un conjunto de servicios. El Estado es la institución donde los gobernantes tienen el poder de decidir y el ejercicio de la fuerza que obliga, con la sola reserva de respetar la Constitución Política.
Los gobernantes van investidos de una doble cualidad que corresponde a sus actividades. Ellos son órganos del Estado y también son representantes del Pueblo.
El Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo son órganos del Estado que trabajan por separado. Entonces, los gobernantes no encuentran la justificación para las órdenes que imparten por sus atributos personales, sus actos se benefician de la autoridad de hacer todo en nombre del Estado. Así, los gobernantes ponen en marcha el Poder del Estado con decisiones que están jurídicamente bien fundadas.
EL MEOLLO DEL PROBLEMA
Los gobernantes están establecidos para hacer prevalecer la voluntad del Pueblo, a ello está orientada la presencia de un comité interinstitucional y el rechazo de todo el soberano, a un referendo que se quiere hacer.
Según la percepción de la opinión pública, en Bolivia las cosas no van bien, dado que, los gobernantes hacen prevalecer la voluntad del “masismo”, fuerza política preponderante. Los gobernantes se constituyen en agentes de realización de la voluntad del masismo, todo lo cual hace que los gobernantes, practiquen una política contraria a los deseos del Pueblo y su existencia se vea fuertemente comprometida, a agosto de 2024.
Si el gobierno continúa o se mantiene en el poder es porque la soberanía real ha cambiado de campo, que ella no está donde debería estar, que ella ciertamente se sitúa en la fuerza política efectiva que sostiene a los gobernantes en función.
Al devolver las decisiones al Pueblo, el gobierno de Luis Arce Catacora desvirtúa la realidad. Quiere que las decisiones las tome el Pueblo, una manipulación que consolida la incapacidad del gobierno y, lo que es peor, pone en riesgo una función todavía mucho más importante que la simple conquista del Poder: la gestión de los negocios de la comunidad nacional.