Eric L. Cárdenas del Castillo

La sociedad boliviana se encuentra atravesando un tiempo difícil, que algunos han denominado como crisis, pero no solamente de crisis económica, sino de una crisis institucional del Estado, que comprende casi todas las actividades públicas y buena parte de las privadas, pero que es fundamentalmente social, es decir que afecta a la sociedad en todas sus manifestaciones.
Una de los componentes del comportamiento colectivo de la sociedad, es el ético o moral, que está sostenido por una escala de valores que marcan la vida ciudadana, de tal manera que podemos afirmar que estamos afectados por una sombra perniciosa, que es la corrupción, que en estos tiempos se ha convertido en un “mal nacional”, pues en casi todas las actividades, en especial las públicas o a su amparo nos encontramos con actos alejados de la ética.
Es evidente que en nuestra sociedad, debido a la pobreza, ignorancia, deficiente educación, la corrupción ha estado presente desde tiempo atrás, pero es ahora cuando, gracias a la tecnología de la comunicación e información, nos enteramos de hechos que seguramente antes hubieran pasado inadvertidos. Además, por la pugna en el seno del partido político oficial, y el papel de fiscalizador de un asambleísta de la Cámara de Diputados, de apellido Arce, de grupos de comentaristas y comunicadores en las redes sociales y medios de comunicación, recibimos información sobre hechos de corrupción que lastiman nuestro espíritu.
Es cierto que mientras no se demuestre lo contrario, el principio jurídico de “presunción de inocencia” está plenamente vigente, pero no es menos cierto que ciertas conductas son tan evidentes, que nos llevan a la condena pública, aunque parece que la corrupción es de tal envergadura, que la misma ya no importa a los ciudadanos, que toman estas conductas como parte del quehacer cotidiano.
Un agravante del deterioro ético de nuestra sociedad es, indudablemente, la situación en la que se desenvuelve el Órgano Judicial, que ha sido partidizado por el régimen populista que nos gobierna por más de tres lustros, pues los administradores de justicia, han sido nombrados por influencia de su color político-partidario y no de méritos (salvadas las excepciones que hubiera). Esto ha determinado una caída del nivel profesional en el ejercicio de esta importante función de administrar justicia, no solo porque los operadores no buscan la justicia, que es el fin del derecho y, por supuesto, de los profesionales del derecho, sino que buscan el beneficio económico.
También es lamentable la decisión de los miembros de los más altos niveles del aparato de justicia, de “auto prorrogarse” al concluir su mandato, contra lo que dispone la Constitución Política del Estado. Tal actitud ha agudizado el rechazo de la opinión pública a la labor de estos jueces (80% de encuestados), y pone en duda toda decisión que emerge de sus fallos, pues no olvidemos que la “credibilidad” de la sociedad, es la que da legitimidad, dignidad y respeto a las autoridades que ejercen funciones en el aparato del Estado.
No deja de sorprendernos, como sociedad, que exhibiendo documentos, algunos comunicadores sociales nos informen que en ciertas reparticiones públicas de la administración del Estado, se gasten importantes sumas de dinero, para adquirir arreglos florales por valor de l00 mil bolivianos al mes, en un Ministerio; en viáticos y pasajes en empresas y entidades estatales, para refrigerio y comida diaria, elevadas sumas; aumento de salarios en empresas públicas deficitarias, el gasto de 130 mil dólares para que la Ministra de la Presidencia viaje a Venezuela, acompañada de gente de organizaciones afines al gobierno, al acto electoral que fue tachado de fraudulento, etc. El dispendioso gasto superfluo –en medio de la crisis económica, social y política, mientras el ciudadano común está atravesando por una situación difícil ante la elevación de los productos en general y de algunos tan importantes, como los fármacos para los que tienen problemas de salud, cuyos precios son inaccesibles–, resulta un insulto a la ciudadanía, en especial a los más necesitados, que son la mayoría de la población.
Erradicar la mentalidad del beneficio propio a costa de los recursos públicos y propiciar el cumplimiento de deberes ajustados a las disposiciones legales y la ética, es la tarea de los ciudadanos de bien, que desde cualquier lugar que ocupen en nuestra sociedad, deben hacerla en beneficio del bien común, del futuro de nuestra patria, en la que están nuestros hijos y descendientes.

El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.