Juan José Toro Montoya

Debido a su tiempo de duración, y al enorme daño causado, los incendios forestales de 2024 son la mayor tragedia ambiental en la historia de nuestro país.
Se quemaron aproximadamente 4 millones de hectáreas, que son el equivalente a 40.000 kilómetros cuadrados. Como las cifras parecen no importar a nuestros gobernantes, habrá que decir que esa extensión territorial es casi el doble de El Salvador y supera con creces a Jamaica, Haití, Armenia, Bélgica y Taiwán. Ya que mucha gente entiende solo cuando se le habla de fútbol, habrá que recordar que el último mundial se realizó en Catar, un país que tiene una extensión de 11.571 kilómetros cuadrados.
El argumento de que las quemas son ancestrales no tiene sustento si se toma en cuenta que éstas eran incendios controlados; es decir, fuego causado en una determinada extensión y en un tiempo previsto, al cabo del cual las mismas personas que lo causaron son los que lo apagan. Lo que pasa en Beni y Santa Cruz es que los incendiarios simplemente inician el fuego y lo dejan así, sin importarles cuánto se extienda. De hecho, lo que buscan es que el fuego consuma la mayor cantidad posible de bosque, porque eso es lo que se usará luego para la siembra. Es lo que eufemística, cínica y cobardemente llaman “ampliar la frontera agrícola”.
La anterior semana identifiqué a empresarios e interculturales como los responsables de las quemas. A esos dos grupos hay que agregar a los colonos; es decir, los migrantes que se asentaron en tierras del oriente que fueron tituladas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria como Tierras Comunitarias de Origen, Territorios Indígena Originario Campesinos y propiedades comunitarias.
El gobierno de Evo Morales es el que más favoreció a estos sectores por varias motivaciones, partiendo del hecho de que él mismo es un colono; es decir, un migrante de Oruro que se estableció en el Chapare. Los interculturales no son otra cosa que los hijos de los colonos y los que se identifican como tales. Todos fueron favorecidos con hasta siete leyes promulgadas por Evo que permitieron quemar millones de hectáreas que ahora son usadas para sembrar. Morales también favoreció a los empresarios agroindustriales que, en señal de agradecimiento, le regalaron un caballo pura sangre de alto costo.
El gobierno de Luis Arce no se ha mostrado predispuesto a abrogar las leyes incendiarias. La Asamblea Legislativa Plurinacional difícilmente aprobó la abrogación de dos.
De las normas promulgadas por Evo, la que me parece más escandalosa es el Decreto Supremo 3.973 que dice, textualmente, que “en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias…”. Contrariando las declaraciones del ministro Yamil Flores, esa es una norma que permite las quemas.
Evo Morales viabilizó las leyes incendiarias y Luis Arce no las quiere anular. ¿Por qué?, ¿a cambio de qué? Mientras esperamos respuestas a esas preguntas, los bosques siguen ardiendo en lo que ya puede ser llamado “Gran incendio de Bolivia”.

Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.