Walthy M. Egüez Paz

El pasado 6 de agosto, el Día de la Patria, cuando todos los bolivianos esperábamos un discurso presidencial cuando menos esperanzador, alguna iniciativa para superar la lacerante crisis económica, política y social, los bolivianos nuevamente hemos sido sorprendidos en nuestra buena fe por el gobierno de Luis Arce Catacora y el MAS, con otra monumental irresponsabilidad, como es la propuesta de un referéndum inconstitucional y tramposo.

Luis Arce Catacora resultó ser el peor administrador de Estado, malo como ministro y pésimo como presidente; además de malintencionado con el pueblo que sólo exige soluciones reales para sus problemas cotidianos, como son la falta de empleo y el constante aumento del costo de la canasta familiar, mientras la falta de liquidez cierra los espacios del comercio, inclusive el informal, que atenúa la falta de ingresos.

La ineptitud y cobardía de Luis Arce con el país no termina ahí, ante la imposibilidad de ganar los comicios del 2025, aparentemente, ha resuelto complotar contra el siguiente mandato para que las drásticas medidas de ajuste financiero sean responsabilidad del nuevo gobierno, que todo apunta será de verdadera oposición y de reinserción a la comunidad internacional.

Esta es una de las razones por las que continúa insistiendo en la aprobación de más créditos que, con seguridad, para la próxima gestión será una deuda nacional imposible de pagar, si continúa este sistema de administración del Estado, con la misma incapacidad y sustentada en créditos.

A estas alturas, a poco tiempo de que termine la gestión de Arce Catacora, los bolivianos sabemos que las empresas estatales, producto estrella de la política económica “social-comunitaria masista”, a junio de este año ha generado una pérdida Bs. 2.700 MM. Si Luis Arce fuera valiente, lo que corresponde es que rectifique su error en la política económica, cerrando esas empresas que reportan sólo pérdidas, desde el punto de vista que se quiera analizar.

Otro elemento que está generando mucho daño a la economía, pero en especial a los trabajadores, es el uso abusivo de los fondos para la jubilación a cargo de la Gestora Pública; es decir, al igual que en el resto del sistema económico, el próximo gobierno también tendrá que hacer ajustes en este mecanismo.

Con este desalentador panorama de crisis económica, Luis Arce Catacora pretende llegar al 2025 a costo de créditos, internos y externos, para no hacerse cargo del fracaso de su modelo económico.

Este pernicioso esquema “social-comunitario” nos ha llevado a un paternalismo de Estado, que ha hecho de las subvenciones un detonante que quiere poner en las manos del próximo gobierno, una subvención que cuesta $us 4.000 millones sólo en combustible, usando el referéndum para zafarse del juicio de responsabilidades al que, con toda justicia, debe ser sometido.

El pueblo no es ingenuo para no darse cuenta que las tramposas preguntas de su pretendido plebiscito también tienen la oscura intención de retornar a las elecciones indefinidas, abriendo el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. En este punto, Evo Morales es parte del pastel, pero no el cherry.

Conviene recordarle al presidente Luis Arce Catacora que el artículo 168 de la CPE costó sangre y la vida de bolivianos. Juan Tica, Luciano Colque Anagua y el estudiante Cristian Urresti son vidas que el MAS ha cobrado para la aprobación de la CPE, luego de una trágica negociación. Entonces, queda sobrando pensar que el MAS pretenda constitucionalizar su dictadura mediante un referéndum y que el pueblo “se chupe el limón” de llegar a la condición de infra-Estado, como han convertido a Venezuela y Nicaragua con el ejemplo de Cuba y otros ideólogos del Socialismo del Siglo XXI.

Esta misma CPE también obliga al jefe del Órgano Ejecutivo a cumplir el artículo 297, que de manera expresa señala, parágrafo I. “Son competencias privativas del nivel central del Estado: (…) núm. 1 Sistema financiero (…) núm. 18 Hidrocarburos (…) núm. 22 Política económica y planificación nacional”. Aclarada la situación, no corresponde ni será viable ningún referéndum y menos continuar con este sistema de economía del fracaso, después de las elecciones del 2025. El pueblo ya lo ha dicho.

El gobierno y su entorno deben aceptar que llegaron al hastío de los bolivianos, su treta de “gobernar escuchando al pueblo” para ejecutar un “gasolinazo” del que no quieren hacerse responsables, de la iliquidez financiera que han ocasionado, del hambre y el desempleo que no saben cómo resolver, no será solucionado con un referéndum. Con todos los elementos sobre la mesa, pesa sobre este gobierno, cuando menos, “incumplimiento de deberes”.

La política económica y su planificación son parte de las responsabilidades encomendadas al Órgano Ejecutivo, encomendadas a Luis Arce Catacora en las elecciones de octubre del 2020, pero todo muestra que no pudo, no sabe cómo gobernar.

El autor es Diputado Nacional.