Willy Marcos Chipana Mamani

El viernes, al caminar por la calle Comercio, de la ciudad de La Paz me encontré con mi colega Armando Ríos, quien me preguntó ¿cómo estará la situación económica el próximo año? Le respondí que se prevé que el 2025 no será bueno por las políticas que son aplicadas hasta el momento por parte del gobierno. Al respecto, le expuse como ejemplo, el déficit fiscal alcanzado hasta el año anterior.

Según el Ministerio de Economía, el déficit fiscal en 2023 alcanzó el 10,8% con relación al Producto Interno Bruto (PIB), lo cual equivale a casi $us 5.000 millones. Esta cifra supera a la proyección realizada para este año, que es del 7,8% (al menos $us 3.600 millones con relación al PIB 2023 de $us 45.460 millones).

¿Qué es el déficit fiscal? Cuando la administración de un gobierno presenta unos gastos mayores a los ingresos en un periodo determinado de tiempo. Es decir, cuando una administración pública no consigue recaudar la cantidad suficiente de recursos para hacer frente a sus gastos.

El elevado déficit se refleja en el aumento del presupuesto que se debe destinar para la subvención a los carburantes, que aumentó de $us 866 millones a $us 1.821 millones entre 2013 y 2023, por los recursos que fueron destinados para la instalación de empresas estatales que en muchos casos son deficitarias y el elevado gasto corriente del aparato burocrático del gobierno. Por ejemplo, el gasto consolidado del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 proyecta la suma de Bs 265.559 millones, de los cuales el gasto corriente representa Bs 155.640 millones, que equivale al 58,6%.

La tendencia del déficit fiscal apunta a incrementarse, después del aumento salarial dispuesto por el gobierno de Luis Arce, a favor de los empleados de empresas estatales. Este escenario negativo causó la reducción de las reservas internacionales netas (RIN) entre 2014 y agosto de 2024, de $us 15.122 millones a $us 1.905 millones.

Entonces, ahora se logra entender por qué hay escasez de dólares en el mercado interno y para la importación de carburantes (diésel y gasolina), lo cual radica en la reducción notoria de las RIN, debido al elevado déficit fiscal. De persistir esta situación, la población de a pie volverá a sentirá un mayor aumento en los precios de los productos de la canasta familiar y de insumos para la producción, así como de un alza en el valor de la divisa estadounidense en el mercado negro paralelo.

El último razonamiento mencionado se sustenta en que la falta de dólares en el mercado interno derivará en el encarecimiento de los costos de los bienes para la importación.  No es racional confiar en un aumento favorable de la balanza comercial cuando hasta junio de 2024 se registró un saldo positivo leve de $us 154,7 millones, después que en 2023 se tuvo un déficit de $us 585 millones.

A su vez, creer que la crisis se soluciona con flujo de caja por medio de la aprobación de créditos externos por $us 1.076 millones en el Órgano Legislativo, para la importación de gasolina, diésel o para atender la demanda de dólares, lo único que hace es aumentar la deuda externa que entre 2006 y julio de 2024 aumentó de $us 3.248 millones a $us 13.297 millones. Es un error repetir el lema sobre que pronto pasará el problema de la falta de dólares con más deuda externa, cuando el problema demanda soluciones estructurales que comprenden políticas monetarias, fiscales y cambiarias.

Por los motivos expuestos, la situación económica en 2025 no presenta señales de mejora porque la crisis es estructural, que demanda de un cambio del modelo económico por otro que se centre en el aumento de la producción y la atracción de la inversión privada extranjera y nacional. El nuevo modelo debe permitir la aplicación de políticas fiscales, monetarias, comerciales, productivas y cambiarias que tengan como objetivo sacar al país del barranco en el que está.

Es necesario reducir el gasto público, en particular, el gasto corriente que significa menos ministerios, bajar los altos salarios que son pagados, prescindir de vehículos, celulares y personal de la administración pública, así como la eliminación de la propaganda gubernamental. Se debe suprimir las empresas estatales deficitarias, que son un gasto para el Tesoro General.

Se debe realizar una reforma en la política tributaria para que sectores como de los mineros cooperativistas (auríferos) y cocaleros tributen al fisco, así como aumentar las penas al contrabando. Los incentivos tributarios a favor del sector del turismo deben activar toda una cadena virtuosa de generación de ingresos y de empleos directos e indirectos.

La no aplicación de medidas estructurales causará que el déficit fiscal empeore y la crisis se agrave. Los sectores que sentirán sus efectos serán las familias de escasos recursos, quienes se encuentran en el 80% de la economía informal.

El objetivo central debe ser la reducción del déficit fiscal para generar dólares que sirvan para atender las necesidades urgentes que tiene el Estado, evitar el aumento de los precios de los bienes, servicios y el abastecimiento de carburantes en el mercado interno. El buscar culpables para justificar los males no soluciona la crisis existente.

El autor es periodista y docente universitario.