Juan Carlos Ferreyra Peñarrieta

El desacreditado proceso de selección de postulantes con rumbo a las elecciones judiciales, debe ser anulado cuanto antes. Debido a que desde su inicio perdió toda seriedad y credibilidad, aspectos que hace que la población pierda toda la confianza para asistir a las urnas y depositar su voto para elegir a las nuevas altas autoridades que conformarían el Órgano Judicial.
La gran demanda de la ciudadanía desde el año pasado por tener nuevas autoridades judiciales, se vieron truncadas con las ya acostumbradas “chicanerías jurídicas” que son manejadas a diario en los pasillos legislativos. Y mucho más, con las imágenes que corren por las redes sociales, en las que se ve a la diputada del MAS, del ala “evista”, Patricia Arce, que, con gestos y movimientos sospechosos de sus dedos, da supuestas respuestas a Carlos Ortiz, postulante a magistrado. Lo cual da a pensar que muchos de quienes rindieron sus exámenes, aprobaron con “chanchullo”. Tener nuevas autoridades judiciales así, sería el colmo.
A eso se debe sumar también que el diputado por Creemos, José Carlos Gutiérrez, presuntamente ayudó a algunos postulantes en el examen con un método para avisar cuál era la respuesta correcta, al mostrar un resaltador de un determinado color. Todos queremos elecciones judiciales, pero no así. En esas condiciones, con falta de transparencia y credibilidad en un proceso de selección de candidatas/os a autoridades judiciales, no se puede continuar.
Habiendo tenido dos intentos fallidos (en 2011 y 2017) de elegir por voto popular a magistrados/as judiciales con la idea y optimismo de contar con un nuevo Órgano Judicial independiente, transparente, creíble y cero en corrupción; fue todo un fracaso, siendo el remedio peor que la enfermedad. No es posible que se siga insistiendo con este método de elección, cuando la ciudadanía en las dos ocasiones que se tuvo, rechazó con más del 60% de votación esta forma de selección.
Las denuncias sobre trampas en el examen oral, llegan a echar más basura al ya empañado proceso de las elecciones judiciales. El realizar nuevas justas electorales será un gasto de dinero totalmente inútil, porque la ciudadanía ya no confía en la transparencia de la misma y con toda seguridad nuevamente ganarán el “Dr. Blanco” o el “Dr. Nulo”.
A parte de todo lo dicho, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tampoco hoy goza de credibilidad, seriedad y legitimidad para llevar a cabo un proceso de estas características. Porque la misma no da la garantía respectiva, al tener senadoras/es y diputadas/os sin probidad en el desempeño de sus funciones constitucionales. Qué se puede esperar de representantes acusados de acoso sexual, de embriaguez, de golpear, entre otros calificativos.
En anteriores notas de opinión dije que, el verdadero cambio de la justicia en el país está en la formación de los recursos humanos desde las aulas universitarias. Porque si desde ahí empieza la mala formación del abogado/a, que sale aprendiendo las mañosas “chicanerías jurídicas”, qué se puede esperar más adelante en su desempeño “profesional” en las altas esferas judiciales. Claro que, por supuesto, hay excepciones.
Como sabemos, todo ente es abstracto e invisible. Quienes dan vida a una institución son los recursos humanos que la manejan. Entonces la verdadera metamorfosis de la justicia boliviana, será aplicar un nuevo cambio de mentalidad en el personal jurisdiccional y administrativo. Si no se logra ese cambio efectivo y eficaz, de nada servirán las reformas que se quiera hacer de aquí para adelante. Porque todo seguirá siendo lo mismo, con olores nauseabundos de corrupción, retardación de justicia, sentencias judiciales con pago para el mejor postor, entre otros males.
Es hora de pensar de manera seria en una reforma constitucional para corregir este craso error de elegir mediante voto popular a integrantes del Órgano Judicial. Se debe cambiar este sistema amañado de selección y ver otro mecanismo de designación de nuevas autoridades de dicho poder del Estado. Así como van las cosas, este año no habrá elecciones judiciales.

El autor es Comunicador social.