Rolando Coteja Mollo

En países como Bolivia, donde los desafíos administrativos implican tensiones políticas, económicas y sociales, la deontología ha demostrado ser una herramienta esencial para mejorar las instituciones y fortalecer el Estado. La deontología se entiende como un conjunto de principios y estándares éticos que deben guiar las acciones de profesionales y funcionarios, y es clave para abordar problemas crónicos como la corrupción, la ineficiencia administrativa y la desconfianza pública hacia las instituciones estatales.

Integrar la ética profesional en la administración pública no es sólo un ideal, sino que es esencial para transformar el funcionamiento del gobierno y fortalecer la democracia. Uno de los problemas administrativos más apremiantes de Bolivia es la corrupción. Durante décadas, el mal uso de los recursos públicos, el prebendalismo y el abuso de poder han sido algo común y han socavado la confianza pública.

En este sentido, la aplicación de principios deontológicos en la administración pública es fundamental para revertir esta tendencia. La ética profesional actúa como un mecanismo de prevención porque los funcionarios que aplican y respetan los códigos éticos tienen menos probabilidades de sucumbir a las presiones de la corrupción.

La transparencia, la responsabilidad y la integridad son valores que deben formar parte del ADN de cada persona. En Bolivia, los escándalos de corrupción y la mala gestión han provocado una creciente desconfianza en las instituciones estatales. Esto ha creado un entorno en el que la participación ciudadana disminuye y la apatía política se convierte en la norma.

Para revertir esta situación, la incorporación de la deontología no debe limitarse al marco normativo, sino que debe reflejarse en el quehacer diario de los servidores públicos. Adoptar un código de ética claro y vinculante es sólo el primer paso. Lo que realmente importa es su aplicación efectiva y el compromiso de actuar con integridad en todas sus funciones.

Otro aspecto fundamental donde la deontología puede tener un impacto positivo es la toma de decisiones. Si los servidores públicos han de seguir principios éticos, siempre deben priorizar el bien común sobre los intereses especiales o partidistas.

En donde la administración pública suele estar politizada, es importante que los funcionarios actúen de forma independiente, basándose en normas técnicas y éticas y no en presiones externas. La deontología promueve un enfoque en la toma de decisiones con justicia, equidad y responsabilidad, contribuyendo así a un gobierno más eficiente y al desarrollo sostenible.

Los sistemas de prestaciones también se benefician enormemente de la incorporación de principios deontológicos en la administración. A menudo se ha criticado la práctica de contratar profesionales basándose en su afinidad política y no en sus capacidades y destrezas. Este fenómeno debilita la administración pública y contribuye a una administración ineficiente y corrupta.

Un enfoque ético para la contratación y promoción de funcionarios públicos garantizará que los puestos clave dentro del gobierno estén ocupados por personas con verdadera capacidad y compromiso ético, y mejorará la calidad general de la prestación de servicios y la gestión de los recursos públicos.

Sin embargo, la introducción de una cultura deontológica en nuestra administración pública enfrenta serios obstáculos. Una de las razones más importantes es la falta de formación en ética dentro de las instituciones. Si bien existen regulaciones que promueven la transparencia y la integridad, el personal a menudo carece de capacitación suficiente sobre cómo aplicar estos principios en su trabajo diario.

Para que la deontología tenga un impacto real es necesario promover una formación continua que incluya no sólo aspectos técnicos sino también un conocimiento profundo de la ética profesional y su importancia.

Los altos funcionarios y autoridades deben predicar con el ejemplo, actuar éticamente y tomar decisiones que reflejen un compromiso con nuestros valores de integridad y transparencia. El liderazgo ético tiene un efecto sinérgico en una organización, cuando los líderes actúan según principios claros, inspiran a otros a hacer lo mismo.

Por otro lado, cuando las autoridades incurren en corrupción y abuso de poder, envían un mensaje devastador a los funcionarios de nivel inferior y a la sociedad en su conjunto. Además, el control social y la participación ciudadana deben acompañar cualquier esfuerzo para implementar la ética en la administración pública.

Una cultura de ética pública debe incluir mecanismos eficaces para que los ciudadanos supervisen las acciones del gobierno, denuncien la corrupción y los abusos y garanticen que las quejas sean escuchadas.

Para que la sociedad cumpla esta función de seguimiento, el acceso a la información y la transparencia de la gestión son importantes. Un ejemplo positivo de la importancia de la deontología en la administración pública se puede encontrar en algunos sectores específicos del Estado boliviano. Allí, la adopción de principios éticos ha permitido mejorar la eficiencia administrativa y aumentar la confianza pública.

Sin embargo, estos esfuerzos a menudo se ven limitados por la falta de políticas integrales para promover la ética en todas las áreas del gobierno. Para que la deontología tenga un impacto duradero, debemos adoptar políticas públicas que promuevan la ética en todos los niveles de gobierno, desde las más altas autoridades hasta la burocracia de base.

El autor es politólogo-abogado y docente universitario.

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