Eric L. Cárdenas del Castillo

El actual cuadro de deterioro económico, político y social por el que atravesamos en nuestro país, ha determinado una suerte de permanente debate en los medios de comunicación, entre el oficialismo y la oposición. Entre dos posiciones claras, por un lado el populismo que nos gobierna ya 18 años en cuatro gobiernos, inspirados en el comunitarismo étnico, y el estatismo (capitalismo de Estado), aunque mantiene un cierto margen de política capitalista. La fuente principal de recursos es y ha sido la venta de productos naturales, como el gas y productos agroindustriales, en un modelo extractivista que depende de los precios de las materias primas en el exterior. Y por otro lado están quienes sostienen la necesidad de un cambio de modelo (si vale el término), que importa una política de libre mercado.
El modelo populista de izquierda, según los opositores, ha cumplido su ciclo, de dos décadas, pues fue el expresidente Víctor Paz Estenssoro, que al ser preguntado sobre la vigencia del modelo del Decreto Supremo 21.060, dijo que duraría dos décadas. Y así fue, pues en 2006 se cambió de modelo, con el régimen populista del MAS, que implementó un modelo económico, social, solidario, productivo, comunitario, que se benefició de los altos precios de las materias primas que se dieron en el mundo, lo que determinó ingresos como nunca antes al Tesoro Público, de alrededor de unos 100 mil millones de dólares.
Desde el año 2014, cuando comenzaron a bajar los precios de los “commodities”, nuestra economía comenzó su cuadro de deterioro y como resultado, se gastó casi la totalidad de las reservas en el Baco Central de Bolivia, que de l5 mil millones de dólares de reserva, acabaron en algo más de 1.700 millones. Fueron vendidas las reservas de oro físico, pasaron al Estado varios millones de dólares de los fondos de jubilación, a título de adquisición de bonos públicos, etc. Como resultado, la moneda norteamericana desapareció del mercado con el precio oficial de 6.96 por unidad, llegando en el mercado paralelo entre 12 y 14 bolivianos por unidad de dólar, lo que ha significado una devaluación de facto de nuestra moneda en más del 30% y la consiguiente subida de los precios de todos los productos.
El Gobierno pretendió negar el cuadro de dificultad económica, con el discurso de que se trata de una breve alteración del proceso económico y puso a la venta dólares en el Banco Central, que rápidamente se agotaron, con un programa de captación de dólares con un interés mayor al corriente y por 30 días, y otras medidas que no dieron el resultado esperado por las autoridades. A la vez se desató una campaña de propaganda sobre que tenemos el más bajo índice de inflación, estabilidad de precios, etc., que hasta hoy sigue siendo repetido por los funcionarios del gobierno en los medios de comunicación, mientras los ciudadanos que acudimos a los centros de expendio de productos alimenticios y de consumo general, nos encontramos con precios elevados de productos.
Escuchar a diputados, empleados públicos, supuestos analistas que hacen esfuerzos teóricos en defensa de las políticas del gobierno, resultan un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, pues no olvidemos que la mejor economista es la ama de casa, que debe adquirir semanalmente los alimentos y productos para el consumo familiar, y ve restringidas sus compras por los precios elevados.
Nos preguntamos: ¿Cómo podemos tener el más bajo índice de inflación, si los productos han subido hasta un 30%? Si esto lo dijo algún organismo internacional, fue cuando nuestra economía estaba todavía casi estable, hoy el cuadro es de crisis, pues el Estado no tiene las divisas necesarias para importar gasolina y diésel. Es necesario encarar el cuadro de deterioro, tomando medidas urgentes de ajuste, que puedan frenar el curso de deterioro.
Las políticas del modelo oficialista de elevado gasto público, inversiones públicas en emprendimientos estatales, cuando casi todos los anteriores son improductivos, el mantener las subvenciones, la no toma de decisiones y persistir en un modelo ya agotado, podría agravar el cuadro, por lo que es aconsejable la toma de medidas ¡ya!, no mañana y menos consultando al ciudadano en un referendo para tomar medidas que son de responsabilidad y atribución exclusiva del gobierno.
La realidad de la situación actual, no permite demoras, consultas ni fintas, requiere responsabilidad para con el país y la adopción de medidas patrióticas para enfrentar la crisis. En caso contrario, corremos el riesgo de llegar a un fondo indeseado, que la experiencia histórica nos ha enseñado en situaciones análogas anteriores.

El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.