No sé a qué obedece la obcecación de las autoridades del gobierno o de los parlamentarios afines a él, pero, después de varios años de haber perdido los juicios ventilados ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ), respecto al que hasta la interposición de la demanda en el primer caso contra la república de Chile era un derecho expectaticio su salida soberana al océano Pacífico, todavía se hace un esfuerzo por almibarar sus dramáticos resultados. Y decimos no comprender porque en el derecho internacional, como en los procesos ordinarios, las sentencias judiciales que no admiten recurso de impugnación; independientemente de sus resultados, causan estado, es decir que ninguna autoridad, tratándose de las dictadas por la CIJ por ser tribunal de única instancia, puede modificar o dejar sin efecto sus fallos. Luego, cuando hablamos de la sentencia dictada dentro del juicio sobre una salida al océano Pacífico deducida por nuestro país, el derecho —expectaticio— que teníamos durante 140 años ha desaparecido, pues el fallo en ninguna de sus partes dispone que Chile y Bolivia deban seguir conversando sobre el tema.

De lo anterior expuesto, se deduce que, por lo menos desde la esfera del derecho internacional, Chile ha dejado de tener algo pendiente con nuestro país respecto a un acceso nuestro al litoral, que, a estas alturas, poco o nada importa que se nos haya arrebatado o no, porque la justicia ya se ha pronunciado sobre ello.

En cuanto a las aguas del río Silala, el mismo tribunal internacional, luego de un dilatado proceso instaurado por Chile, ha declarado que su curso es internacional; por tanto, su aprovechamiento también debe ser compartido. En resumen, nadie con un mínimo de conocimiento puede afirmar que el diferendo marítimo aún persiste. ¡No hay nada pendiente con relación a esos temas!, lo que indudablemente, como boliviano, me duele, pero es una verdad irrebatible.

Si esos emprendimientos judiciales, especialmente el que se refiere al mar (puesto que el otro, el que perdimos sobre el Silala, fue interpuesto a instancias de Chile), han concluido irremediablemente y no teniendo nada más que reclamar jurídicamente, cualquier repartición pública aún vigente y creada con esos motivos, hoy no tiene más necesidad de existir, que no sea que la de seguir desangrando las pobres arcas del Estado para honrar compromisos con la militancia del partido de gobierno, que ha perdido todo derecho para Bolivia, reduciéndolo únicamente a la posibilidad de, algún día, retomar negociaciones —eso sí, no constrictivas para Chile— desde la diplomacia y siempre que se tenga un servicio exterior profesional.

¿Sabía el lector que Diremar, conforme al decreto supremo de creación, tuvo como misión la de prestar apoyo en cualquier acción diplomática, jurisdiccional y administrativa “emergente de la demanda marítima boliviana (…) a excancilleres, personalidades e intelectuales…” y en ningún caso más? Y, de hecho, la visión de esa institución que ningún beneficio representa para el país, consiste en la gestión de apoyo eficaz en la demanda marítima boliviana, “en la demanda del Silala y en cuestiones relativas a recursos hídricos internacionales”. Respecto a lo que es imperativo decir que, primero, ya no existe ninguna demanda sobre el mar ni sobre el río Silala, y, en segundo lugar, tampoco hay ningún conflicto internacional sobre ningún otro recurso hídrico. Y para más decir, Diremar demostró con las pruebas que todos conocemos, que nunca fue eficaz en la visión que motivó su creación. ¿Sabían, además, que a Diremar se le asignó un presupuesto de 2 millones trescientos mil dólares para el año 2024? Sí, no es chiste, y si lo fuera sería de muy mal gusto; pero es una burla al pueblo que en nada se beneficia, ni se benefició de una entidad tan inservible desde su primer día.

Por esos antecedentes, no tengo más que palabras de coraje cuando senadores como Félix Ajpi, todavía piensan que “con la demanda marítima, no se perdió nada”, porque desde su mirada hipertrófica la CIJ, en su devastador fallo, decidió que Chile y Bolivia deban seguir conversando sobre el tema. Me encantaría saber cuál es exactamente la sentencia que Ajpi cree haberse dictado como consecuencia de la fracasada demanda boliviana… Está visto que países pobres como Bolivia, con instituciones débiles como las que tiene, no necesita más que del Ministerio de Relaciones Exteriores y de diplomáticos altamente calificados para la defensa futura de cualquier conflicto hídrico o territorial.

Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.