Reiteran que la renta para expresidentes, más que un beneficio, se constituyen en un “privilegio” para un sector reducido de la población que debería dar un ejemplo de austeridad en momentos críticos para la economía.

Ante una coyuntura marcada por la crisis económica y los debates por el contenido del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2025, legisladores de oposición volvieron a pedir la eliminación de la renta vitalicia para expresidentes, además de una drástica reducción a los salarios de funcionarios en cargos jerárquicos, asegurando que la clase política debe dar el ejemplo al momento de hablar de austeridad.
Esta semana, antes de la aprobación, con modificaciones, del PGE 2025 en instancias de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, el asambleísta chuquisaqueño, Marcelo Pedrazas, había vuelto a cuestionar la renta de la que ocho expresidentes se benefician actualmente.
Según Pedrazas, estos recursos, más que un beneficio, se constituyen en un “privilegio” para un sector reducido de la población que debería dar un ejemplo de austeridad en momentos críticos para la economía nacional.
“Estas rentas vitalicias se constituyen en un privilegio que no sabemos en qué se gasta. La clase política tiene que dar también un ejemplo y tiene que solidarizarse con la genta ante esta crisis económica”, sostuvo Pedrazas, puntualizando que los recursos para este pago hacienden alrededor de los tres millones de bolivianos anualmente.
Por su parte, el diputado Óscar Balderas calificó como un abuso que exmandatarios se continúen beneficiando de recursos provenientes del Estado, “sin mover un solo dedo”, asemejándose a una “monarquía” con privilegios que deben desaparecer.
“Estos privilegios que tienen solo algunos se tienen que terminar”, dijo.
A través de una misiva remitida a la Comisión de Planificación en Diputados, Pedrazas solicitó que en el proyecto del PGE 2025 se contemple la eliminación de estas rentas, así como viabilizar la aprobación de un proyecto de ley presentado anteriormente por su persona, para la reducción de los salarios percibidos por funcionarios que ganan arriba de Bs 15.000.
“Este beneficio representa un privilegio inmerecido para un grupúsculo de exempleados públicos, en edad de jubilación, quienes accedieron a la Presidencia del Estado por sucesión para ejercerla de forma efímera e intrascendente. Además, su existencia como gasto inútil perpetúa inequidades en el uso de los recursos públicos que podrían ser destinados a sectores de mayor necesidad y urgencia en tiempos de crisis y necesidad de austeridad”, señala parte del texto remitido por el legislador.
En la misma línea, Balderas anunció la presentación de un proyecto de ley destinado a dejar sin efecto este tipo de beneficios, por tratarse de recursos que bien podrían ser invertidos en otras áreas que requieren de mayor atención por parte del gobierno.
“Ojalá se cuente con el apoyo de todas las bancadas y bloques políticos que existen en la Asamblea Legislativa, porque se trata de una medida oportuna y justa para que ya no sigamos despilfarrando dinero manteniendo a personas que no hacen nada y viven del Estado”, agregó.
La propuesta normativa de Balderas apunta a dejar sin efecto la Ley 376, promulgada por Evo Morales en el año 2013, con la que se dispone otorgar a expresidentes y exvicepresidentes, un pago mensual equivalente a 10 salarios mínimos.
En la actualidad, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jaime Paz, Eduardo Rodríguez y Guido Vildoso, además del propio Morales, se benefician con este pago, en tanto que, la expresidenta Jeanine Añez no percibe dicho beneficio por temas políticos.
Asimismo, se puntualizó que un grupo de “personajes notables”, también recibe un monto mensual del Estado, en cantidades menores a los percibidos por expresidentes.
En criterio de Pedrazas, no es posible que exautoridades continúen viviendo del Estado y generando recursos sin siquiera rendir cuentas sobre el uso que se le da a este beneficio, más si se toma en cuenta que no todos los beneficiarios llegaron a la presidencia mediante la votación de la ciudadanía sino por efecto de la sucesión constitucional, para luego ejercer el cargo de forma intrascendente.
“No puede la clase política seguir con privilegios, ni ganar un monto de esta magnitud, cuando el 80% de la gente sale todos los días a ganar un plato de comida en una situación en que todos los productos de la canasta familiar han subido hasta tres veces su precio”, manifestó.
El viernes, pese a este y otros cuestionamientos, luego de varias horas de debate, la Comisión de Planificación aprobó con modificaciones, en sus estaciones en grande y en detalle, el Proyecto de Ley 003/2024-2025 del Presupuesto General del Estado 2025 y lo remitió al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento.
El presidente de esta instancia, diputado Andrés Flores, explicó que se hicieron modificaciones de forma en algunos artículos y se retiró una disposición adicional cuestionada por el sector productivo.