Álvarez presenta querella por biocidio en San Matías
La querella identifica a dos personas como autores de biocidio y destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, delitos ambientales.
La asambleísta nacional por Santa Cruz, María René Álvarez, presentó ante la Fiscalía Departamental de este departamento, una querella contra los autores del biocidio de jaguares acontecido en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, delito cometido a través de la actividad de la caza ilegal de especies.
“Nos apersonamos ante la Fiscalía porque no podemos continuar viendo cómo además de avasallar nuestras tierras, existen grupos organizados que ahora atacan y trafican con nuestras especies animales protegidas y en peligro de extinción”, expresó la legisladora.
El memorial, en calidad de víctima como representante del departamento y en el marco de las atribuciones fiscalizadoras como diputada nacional, fue ingresado ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Medioambiente, Pérdida de Dominio, Financiamiento del Terrorismo y Legitimación de Ganancias Ilícitas.
La querella identifica a dos personas como autores de los hechos, catalogados dentro de las figuras de biocidio y destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional como delitos ambientales.
Según la relación de hechos, expuesta por Álvarez, desde septiembre de 2023 el grupo Caza & Safari, bajo la fachada de empresa de turismo, ingresó al ANMI San Matías de la provincia Ángel Sandoval, y provocó la muerte de cinco jaguares de forma premeditada y violenta.
“La conducta de los sindicados es antijurídica, ya que infringe normas explícitas destinadas a proteger la biodiversidad y el medio ambiente. Además, no existen causas de justificación que legitimen la caza de jaguares en áreas protegidas, pues estas acciones no responden a necesidades de subsistencia, sino a intereses económicos y recreativos contrarios a las disposiciones legales”, señala parte de la querella patrocinada por el abogado Juan Carlos Camacho.
Las primeras indagaciones revelan que se trata de una red que opera desde Argentina y coordina estas actividades ilegales en Brasil y Bolivia. La Fiscalía Ambiental comenzó la investigación, pero cuestionó la falta de apoyo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y la Gobernación cruceña.
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