Afirman que, con la realización de las elecciones judiciales, la entrega de credenciales a las nuevas autoridades y su próxima posesión en el cargo, prácticamente ha culminado el tiempo de los “autoprorrogados”.

Recordando que varios candidatos en las recientes elecciones judiciales 2024 prometieron en cumplir la Constitución y terminar con una ilegal prórroga en el Órgano Judicial, el asambleísta nacional por Chuquisaca, Marcelo Pedrazas, aseguró que el primer desafío de las nuevas autoridades de justicia es cumplir sus planteamientos con relación a la “autoprórroga” y garantizar la vigencia de la Constitución Política del Estado (CPE).
En criterio de Pedrazas, con la próxima posesión de nuevas autoridades judiciales, el 2 de enero de la siguiente gestión, se consolidará una importante renovación en altas cortes de la justicia boliviana; sin embargo, debido a la coyuntura política en el país, el tribunal más importante es el Tribunal Constitucional, instancia que por determinación de sus propios miembros, solo será renovada parcialmente.
Asimismo, apuntando que la promesa de casi la totalidad de los participantes en los comicios judiciales 2024, fue trabajar para hacer respetar la Carta Magna y terminar con la prórroga ilegal de quienes en la actualidad permanecen en cargos cuyo periodo de funciones finalizó en enero de esta gestión, Pedrazas pidió que nuevas autoridades den cumplimiento a estos compromisos.
“Quienes llegan a este tribunal, estos cuatro magistrados, plantearon durante su campaña y la elección propiamente dicha, temas como la renuncia de los magistrados autoprorrogados o, en su defecto, el cumplimiento de la declaración constitucional donde se señala de forma clara el cese de estas autoridades una vez se elijan a sus reemplazantes”, dijo.
Según el diputado chuquisaqueño, con la realización de las elecciones judiciales, la entrega de credenciales a las nuevas autoridades y la próxima posesión en sus cargos, prácticamente ha culminado el tiempo de estas exautoridades.
Sobre los denominados “autoprorrogados”, Pedrazas aseveró que solo si se toma en cuenta la votación obtenida por los nuevos miembros del TCP en los departamentos de La Paz y Chuquisaca, estos magistrados tiene más legitimidad y más votos que toda la Sala Plena que actualmente usurpa estas funciones.
En ese marco, argumentó que si hasta el 5 de enero las nuevas autoridades del TCP no demuestran predisposición para cumplir con sus propuestas y planteamientos, será una muestra de que la justicia continuará “podrida” y corrompida por la corrupción, “con gente que llegó solo para beneficiarse del cargo”.
“Esperemos que lo que plantearon sobre la exigencia de la renuncia y sobre todo el cumplimiento de la Constitución, la ley y la propia elección judicial, sea el primer desafío de quienes recibieron la confianza del pueblo boliviano”, finalizó.
En diciembre de 2023, miembros del TCP dispusieron la prórroga de su mandato y el de los magistrados y consejeros electos en 2017, pidiendo a la Asamblea Legislativa, de manera inmediata, convocar a la preselección de postulantes a las elecciones judiciales.
“Este tribunal dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades, tanto del Órgano Judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional”, indicó en conferencia de prensa el magistrado René Espada.
En dicha Declaración Constitucional también se específica que la prórroga finaliza cuando se lleve a cabo la elección y posterior posesión de nuevas autoridades de justicia.
“Se dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo por el Órgano Electoral Plurinacional; conforme al marco contenido en la Constitución Política del Estado y conforme a lo razonado en la presente Declaración Constitucional Plurinacional”.