Luis Antezana Ergueta

Con motivo de la visita a Bolivia del presidente brasileño, Ignacio Lula Da Silva, se firmaron dos convenios relacionados con asuntos agropecuarios, para ampliar las relaciones comerciales entre ambos países. Fue destacable la ceremonia en la que se firmaron esos convenios. En tal evento, el discurso del presidente Luis Arce dejó ver la política agraria que está aplicando su gobierno, con el sustento de la línea agraria establecida por la Carta constitucional vigente; asunto que no puede pasar desapercibido por las masas indígenas y campesinas del país.
En su discurso protocolar, el presidente del Estado Plurinacional boliviano dijo: “La relación ahora no es solamente por gas, es muy gratificante para los bolivianos porque estamos avanzando en la parte agropecuaria… tenemos producción agropecuaria, tenemos ganadería, para compartir en estos momentos en los que el mundo necesita alimentos”.
Esa apreciación peca de excesivo optimismo, pues, en nuestra ruda realidad, no estamos “avanzando”, sino retrocediendo, al extremo de que la producción agropecuaria es tan baja que apenas podría abastecer a la población boliviana de los años cincuenta. Peor aún, sigue cayendo.
Enseguida, el mandatario Arce manifestó que “nosotros somos los grandes productores de alimentos en América del Sur, tenemos las condiciones, agua dulce, tierras, capacidad empresarial y a nuestros pequeños productores que están dispuestos a contribuir para que América del Sur se convierta en el lugar que pueda alimentar a todos los pueblos que necesiten”.
En cuanto a que “somos los grandes productores de alimentos de América del Sur”, resulta ser una opinión muy feble, ya que, por el contrario, más que productores sólo somos grandes consumidores de alimentos importados, tanto por el Estado Plurinacional como por el sector privado y, ni qué decir, por la vía del contrabando, cuya tendencia es la de aumentar.
En todo caso, en cuanto a la producción agrícola, se debe reconocer que lo único que aumentó en nuestro territorio fue el cultivo de la hoja de coca y sus derivados, que ha venido a sustituir el cultivo de alimentos, con la excepción de la producción del departamento de Santa Cruz, cuyo éxito se ha proyectado a raíz de la reforma agraria de 1953, que permitió que en esa zona el cultivo de la tierra pase de menos de cien mil hectáreas a alrededor de dos millones, permitiendo, a su vez, su crecimiento demográfico, contándose la cantidad de sus habitantes, ya no por miles, sino por millones.
Por otro lado, si bien existe capacidad empresarial en sectores de la clase media alta, esa capacidad ya no existe entre los “pequeños productores” que viven privados de su derecho a la propiedad de la tierra y, prácticamente, han abandonado en masa la agricultura, sin esperanza de retorno, dejando de cultivar unas 500 mil hectáreas, para irse a trabajar a las ciudades o al exterior.
Por otro lado, la política agraria del Estado Plurinacional fomenta la fragmentación de las pequeñas parcelas de campesinos, y también de los grandes, negando la gran producción, con la filosofía populista que cree que ese procedimiento nos llevará hacia el socialismo.
En ese errático camino, el director de Emapa, Froilán Flores, cree que la tecnología es la solución para todos los problemas agrícolas, por lo que todos sus esfuerzos los dedica a incrementar la agricultura de soya, maíz, sorgo y girasol, sólo en Santa Cruz, sin ofrecer la mínima ayuda a la agricultura de la región andina. que significa un tercio de este sector.
En fin, los convenios con Brasil que, de manera muy optimista e ingenua, dicen que potenciará la producción de alimentos para beneficio de toda la región sudamericana, es una enorme especulación, que se sumará a la política agraria del gobierno actual que sólo fomenta generosamente el mercado de consumo de alimentos extranjeros, fomenta la agricultura de países vecinos y terminará por matar a la agricultura nacional.