Jimmy Ortiz Saucedo

Nunca me cansaré de reivindicar el derecho que tenemos los pueblos a la verdadera democracia, la más grande conquista política de la historia humana. La democracia que nos legaron los griegos, en tiempos de Solón, Clístenes y Pericles, alrededor del año 500 a.C.
Si bien a lo largo de la historia moderna, políticos de izquierda y de derecha, tenían concepciones diferentes de lo que era democracia, esas diferencias quedaron absolutamente zanjadas, con las precisas definiciones hechas en la Carta Democrática Interamericana de la OEA, documento que aprobaron por unanimidad los políticos del continente; incluida Bolivia, en su vigésimo octavo período extraordinario de sesiones, el 11 de septiembre de 2001, en Lima-Perú, la misma que expresa, en dos artículos principales:
“Artículo 1.- Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.
“Artículo 3.- Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Esta es la verdadera democracia, lo demás son cuentos chinos. Atrás quedaron las definiciones acomodaticias sobre la democracia, para que calce incluso con tiranías camufladas, como las del Socialismo Siglo XXI, cuyo exponente más descarnado es Venezuela.
En Bolivia esta Carta Democrática no se cumple. Aquí no hay “respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales” ¡Y cómo se va a cumplir¡, si tenemos casi 300 presos políticos; incluido nuestro gobernador Luis Fernando Camacho.
Tampoco hay “sujeción al estado de derecho”. ¡Y qué va a ver¡, si la justicia es un indisimulado apéndice del Poder Ejecutivo.
Mucho menos se cumple lo de “elecciones periódicas, libres, justas”. ¡Y cómo se va a cumplir!, si en 2019 nos hicieron un mega fraude electoral, y todo indica que en 2025 también.
“La separación e independencia de los poderes públicos”, es un mal chiste. El sometimiento de los otros poderes al Poder Ejecutivo, es evidente. El único poder, que tiene ahora algún grado de independencia, es el Poder Legislativo, merced a la coyuntural “división” entre evistas y arcistas, pero no fue así durante casi todo el tiempo que gobernó el MAS.
La entrada de Bolivia al Mercosur, planteará un interrogante al bloque: ¿Bolivia cumple la Cláusula Democrática?
“El 24 de julio de 1998, los Estados de la región adoptan el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, conocido como “cláusula democrática”.
En la XIV Reunión de Presidentes del Mercosur reafirman la Cláusula Democrática entre los Estado Partes, con la firma del Protocolo de Ushuaia. El Protocolo también es suscrito por Bolivia y Chile” (…). “De esta forma, los gobiernos del Mercosur expresaron, más allá de sus compromisos comerciales, la fuerte vocación de avanzar en un proceso de integración donde la democracia y los derechos políticos de la ciudadanía de los países fueran objetivos fundamentales del proceso, comprometiéndose a cooperar y actuar para defenderlos allí donde se vieran amenazados” (mercosur.in).
La OEA y el Mercosur, tienen la obligación de hacer cumplir estos acuerdos, tanto la Carta Democrática Interamericana, como el Protocolo de Ushuaia, los tratados son hechos para cumplirse, ellos son la base de la convivencia civilizada.
Termino con esta lapidaria sentencia: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. No hay dónde perderse.

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