Rodrigo Burgoa Terceros

La crisis ambiental en Bolivia ha alcanzado un punto cr铆tico. Los incendios forestales que asolan el pa铆s cada a帽o, adem谩s de agravar la crisis econ贸mica, est谩n dejando una huella indeleble en su ecosistema y en la vida de sus ciudadanos. Densas humaredas han contaminado el aire, afectando gravemente la salud p煤blica y los ecosistemas. Aunque el cambio clim谩tico ha contribuido a este fen贸meno, las pol铆ticas gubernamentales han jugado un papel crucial en su agravamiento.
Desde hace m谩s de una d茅cada, coincidiendo con el fin del auge econ贸mico impulsado por los altos precios del gas y otros commodities, el Gobierno boliviano ha promovido la expansi贸n agr铆cola a trav茅s de un conjunto de normas que han facilitado la deforestaci贸n y fomentado pr谩cticas agr铆colas sin el debido control ambiental. Esta tendencia comenz贸 con la Ley 337, promulgada en 2013, que legaliz贸 los desmontes no autorizados realizados entre 1996 y 2011 para la producci贸n de alimentos. Aunque se present贸 como una medida temporal, la Ley 337 ha sido modificada repetidamente mediante normativas como las leyes 502, 739 y 952, extendiendo su vigencia y permitiendo que quienes realizaron desmontes ilegales regularicen su situaci贸n. Pero sus defensores argumentan que estas normativas fomentan la producci贸n agr铆cola y mejoran la seguridad alimentaria, en la pr谩ctica han facilitado la continuaci贸n de actividades de deforestaci贸n sin el control ambiental necesario, poniendo en peligro los recursos forestales del pa铆s.
Asimismo, la Ley 741, promulgada en 2015, se destaca como una de las m谩s controvertidas dentro de este marco normativo. Esta ley autoriz贸 el desmonte de hasta 20 hect谩reas por propietario para transformar 谩reas boscosas en tierras agr铆colas, sin proporcionar las protecciones necesarias para mitigar el impacto ambiental. Junto con leyes como la 740, que facilita la verificaci贸n de la funci贸n social de las tierras agr铆colas, y la 1.098, orientada a la producci贸n de biodiesel, se ha promovido la expansi贸n de la frontera agropecuaria en detrimento de los bosques y los ecosistemas.
A pesar de que la Ley 1.171 de 2019 introdujo sanciones para la quema ilegal, incluy贸 un per铆odo de gracia que permiti贸 a quienes incurrieron en estas pr谩cticas regularizar su situaci贸n. Aunque la ley intentaba abordar la quema no autorizada, su aplicaci贸n ha sido limitada, especialmente considerando la vasta extensi贸n del territorio boliviano y la r谩pida propagaci贸n de incendios forestales.
Adem谩s, varios decretos supremos, como el 3.874 y el 3.973, han acelerado la deforestaci贸n al promover la producci贸n de biodiesel y autorizar desmontes con fines agropecuarios en departamentos como Beni y Santa Cruz. Este paquete normativo ha creado un marco legal que facilita la expansi贸n agr铆cola a costa de los ecosistemas forestales, promoviendo incentivos para la deforestaci贸n y los incendios en lugar de implementar medidas efectivas de control y protecci贸n ambiental.
El impacto de estas pol铆ticas no se limita al medio ambiente. Las comunidades rurales, que dependen de la agricultura y los recursos naturales para su subsistencia, se enfrentan a crecientes dificultades debido a los cambios en el clima local y la p茅rdida de biodiversidad. La alteraci贸n de los patrones de lluvias causada por la deforestaci贸n agrava las dificultades para los agricultores que dependen de ciclos estables para sembrar y cosechar, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y sus medios de subsistencia.
La salud p煤blica tambi茅n se ve comprometida. La exposici贸n prolongada al humo y las part铆culas en el aire derivadas de los incendios incrementa los casos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, afectando especialmente a los sectores m谩s vulnerables de la poblaci贸n: los ni帽os, los ancianos y las personas con enfermedades cr贸nicas. Este costo humano es incalculable y demuestra que las pol铆ticas que fomentan la deforestaci贸n no solo da帽an el medio ambiente, sino tambi茅n el bienestar de la poblaci贸n. Es evidente que la b煤squeda de crecimiento econ贸mico en Bolivia ha estado en detrimento de su valiosa biodiversidad. Aunque la expansi贸n agr铆cola es fundamental para el desarrollo, es crucial que el gobierno replantee sus pol铆ticas ambientales. El equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad debe ser la meta. Ejemplos de pa铆ses que han adoptado pr谩cticas de agricultura sostenible demuestran que es posible conciliar la productividad agr铆cola con la conservaci贸n ambiental. Implementar incentivos para la reforestaci贸n, promover pr谩cticas agr铆colas sostenibles y fortalecer los controles sobre la quema y el desmonte podr铆an ser pasos clave para revertir esta tendencia.
El Gobierno boliviano debe tomar medidas urgentes para frenar la deforestaci贸n y establecer pol铆ticas m谩s estrictas de protecci贸n forestal. Las leyes deben promover la sostenibilidad y proteger los recursos naturales, sin comprometer el futuro de las pr贸ximas generaciones. Solo as铆 Bolivia podr谩 preservar su riqueza natural.

El autor es Economista con Ph.D. en Ciencia Pol铆tica y Relaciones Internacionales.