Miguel Ángel Amonzabel Gonzales

En Bolivia, el control de precios por decreto ha sido una estrategia recurrente en tiempos de crisis económica, buscando proteger a los consumidores de los aumentos desmedidos en el costo de bienes esenciales. Sin embargo, esta política no es nueva y ha tenido resultados variados en diferentes contextos históricos. En el país andino, como en muchas otras partes del mundo, el intento de fijar precios mediante decretos revela una falta de comprensión sobre los complejos mecanismos que determinan los costos y la oferta en el mercado.

El control de precios por decreto no es un fenómeno reciente ni exclusivo de Bolivia. Históricamente, esta medida ha sido implementada en diversas economías, y uno de los ejemplos más notorios fue la extinta Unión Soviética. En la URSS, se intentó fijar los precios de todo, desde vehículos como el Volga hasta bienes básicos como las papas y cortes de cabello. A pesar de contar con una gran cantidad de economistas y expertos en estadísticas, la tarea resultó ser monumental y, en última instancia, fallida. La razón principal de este fracaso fue la incapacidad para considerar todas las variables externas que afectan los precios, como el clima, plagas, y cambios en la oferta y demanda.

En Bolivia, la historia económica muestra que los controles de precios pueden ser igualmente problemáticos. Las autoridades a menudo buscan intervenir para evitar que los precios suban demasiado, pero este enfoque puede tener efectos adversos no deseados. Los precios no solo reflejan el costo de producción, sino que también incorporan factores como la oferta y demanda, la calidad de los productos y las fluctuaciones en el tipo de cambio. Fijar precios sin tener en cuenta estas variables puede llevar a escasez, deterioro de la calidad y, a largo plazo, al colapso de sectores enteros.

En la Bolivia actual, el intento del gobierno de fijar precios, como el de la carne de pollo o los tomates, enfrenta problemas complejos. El Viceministro de Defensa del Consumidor, por ejemplo, puede establecer precios máximos con la intención de proteger a los consumidores, pero esta política puede tener consecuencias contraproducentes. Si el precio fijado es demasiado bajo para cubrir los costos de producción, los productores pueden verse obligados a vender a pérdida, lo que a menudo resulta en una reducción de la oferta y, en algunos casos, en el cierre de empresas.

El problema no solo afecta a los productores. La escasez de productos puede llevar a la aparición de mercados paralelos o «negros», donde los precios no regulados pueden ser mucho más altos. Además, los controles de precios pueden desincentivar la inversión y la innovación, ya que los productores no ven un retorno adecuado sobre sus esfuerzos y capital invertido.

Cuando los controles de precios generan escasez o calidad deficiente, la ciudadanía suele expresar su descontento mediante cacerolazos. Este tipo de protesta, que consiste en hacer ruido con utensilios de cocina, se ha convertido en una herramienta común en Bolivia y otros países de América Latina para manifestar frustración ante políticas económicas que no funcionan como se esperaba.

El cacerolazo es una forma efectiva de llamar la atención de los medios y del gobierno sobre el malestar social. En Bolivia, estas protestas reflejan un profundo descontento con las políticas económicas que no han logrado abordar la alta inflación y el aumento en el costo de vida. Las organizaciones civiles, juntas de vecinos y comerciantes que participan en estas manifestaciones buscan visibilizar su situación y presionar por soluciones más efectivas.

El vínculo entre los controles de precios y los cacerolazos en Bolivia revela una serie de fallos en la política económica. Los últimos gobiernos han enfrentado críticas por no haber desarrollado una política energética y económica sostenible que reduzca la dependencia de la renta del gas y diversifique la economía. La falta de una estrategia clara para mantener el poder adquisitivo y manejar la inflación ha llevado a un uso excesivo de controles de precios como medida temporal.

Además, el Banco Central de Bolivia ha sido señalado por no haber logrado mantener el tipo de cambio y las reservas internacionales en niveles que permitan controlar la inflación. Las reservas, en lugar de mantenerse estables, han sido utilizadas para financiar empresas públicas deficitarias, afectando así la estabilidad económica general del país.

El control de precios por imposición gubernamental y los cacerolazos en Bolivia reflejan una lucha constante entre las políticas gubernamentales y la realidad económica. Aunque los controles de precios buscan proteger a los consumidores en tiempos de crisis, a menudo conducen a problemas adicionales como la escasez de productos y la disminución de la calidad. Por otro lado, los cacerolazos representan una forma de protesta legítima y poderosa cuando las políticas no cumplen su objetivo o generan efectos negativos.

Para lograr una estabilidad económica sostenible, el gobierno debe considerar alternativas más efectivas que no dependan únicamente de los controles de precios. Fomentar la transparencia en la información de precios y permitir que el mercado ajuste la oferta y la demanda de manera más natural puede ser una estrategia más efectiva. La clave para abordar la inflación y el costo de vida en Bolivia reside en una política económica bien planificada y en la capacidad de responder adecuadamente a las realidades del mercado, en lugar de recurrir a medidas que, a pesar de su buena intención, a menudo resultan ser contraproducentes.

El autor es Investigador y analista socioeconómico.