Juan José Toro Montoya

Ha quedado documentalmente probado que Evo Morales es un estuprador.
Un certificado de nacimiento prueba que en el libro número 85 de la Oficialía del Registro Cívico 60301002 con sede en Yacuiba, provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, está inscrita una niña que tiene como padres a Juan Evo Morales Ayma y Cindy Saraí Vargas Pozo. La fecha de nacimiento de la niña es el 8 de febrero de 2016 y, según la cédula de identidad de la madre, ésta tenía 16 años y dos meses en el momento de dar a luz. Eso significa que la concibió cuando tenía 15 años.
El artículo 309 del Código Penal señala que comete estupro “quien, mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con persona de uno y otro sexo mayor de catorce (14) y menor de dieciocho (18) años, y (por ello) será sancionado con privación de libertad de tres (3) a seis (6) años”.
No importa que la investigación de este caso se haya cerrado, ni siquiera que la partida desaparezca de la base de datos del Servicio del Registro Cívico, como ocurrió con la del hijo de Evo Morales con Gabriela Zapata, puesto que, igual que en ese otro caso, la población boliviana vio el certificado de nacimiento, que constituye prueba plena.
El estupro es un delito sexual en el que no importa si la víctima dio su consentimiento o no para los actos sexuales. Se trata de un tipo penal determinado por la edad de la víctima, entre 14 a 18 años, debido a que, en ese lapso, una mujer ya puede embarazarse, pero no ha alcanzado la madurez sexual. La agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) dice que “toda actividad sexual que involucre a menores —es decir, personas que tengan menos de 18 años— constituye un abuso sexual”.
En el caso de Cindy Saraí existe un agravante: su madre prácticamente la habría entregado a Morales a cambio de beneficios económicos, lo que configura el delito de trata que es cometido por “el que por cualquier medio de engaño, coacción, amenaza, uso de la fuerza y/o de una situación de vulnerabilidad, aunque medie el consentimiento de la víctima, por sí o por tercera persona induzca, realice o favorezca el traslado o reclutamiento, privación de libertad, resguardo o recepción de seres humanos”.
Desde mucho antes de que esa conducta haya sido tipificada como delito, el idioma español ya le había dado un nombre: alcahuetería, que es oficio de alcahuete, un nombre malsonante que se usa para describir a la “persona que concierta, encubre o facilita una relación amorosa, generalmente ilícita”.
Tras la denuncia de la Fiscalía, reflotaron las versiones de que, mientras Evo Morales era presidente, existía un entorno que no solo encubría y facilitaba sus relaciones con menores de edad, sino que le conseguían niñas y esa actitud se habría mantenido incluso en su exilio en Argentina. Eso quiere decir que la alcahuetería no se acabó con su presidencia.
Supuestamente, el bloqueo que los “evistas” ejecutan actualmente en caminos de cuatro Departamentos es por 18 demandas, pero varios dirigentes ya han admitido que una de ellas es que se retire las ocho demandas de abusos sexuales que existen actualmente en contra de su líder.
El Diccionario de la Lengua Española señala que otra acepción para alcahuetería es “acción de ocultar o encubrir los actos reprobables de alguien”, así que eso es lo que se está haciendo actualmente en los puntos de bloqueo.

Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.