El presupuesto aprobado llevará a Bolivia a una mayor crisis económica, en complicidad de los asambleístas que no quisieron debatir la propuesta en la Asamblea Legislativa.

La primera norma promulgada en 2025, Ley 1613, pone en vigencia el Presupuesto General del Estado (PGE) y es una clara señal de que el Gobierno está negado a solucionar la actual crisis económica que vive el país, además muestra la ausencia del diálogo, debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), agudiza los problemas económicos y las institucional, de acuerdo con el comunicado de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).
Los opositores lamentaron el trabajo malo del presidente de la Cámara de Diputados, que fue puesto por el Movimiento al Socialismo (MAS) del ala “arcista”, Omar Yucra, que con pretextos avaló el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 sin debate, y en complicidad con el vicepresidente David Choquehuanca.
“La promulgación del PGE 2025 es una muestra clara de negación de la crisis económica que atraviesa Bolivia. Sin debate ni consenso, el Gobierno profundiza la incertidumbre, desincentiva la producción y pone en riesgo la estabilidad del país”, según el presidente de la Cainco, Jean Pierre Antelo, que escribió en su cuenta @jpierread.
Asegura que el PGE 2025 niega la realidad económica y carece de soluciones a la crisis económica que enfrenta el país, desde la pasada gestión.
El analista económico Gonzalo Chávez indicó que el PGE 2025 sigue la línea de los últimos años, sin soluciones ni desarrollo del país y más bien apunta al endeudamiento externo e interno.
En esa misma línea, el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, explicó que alrededor de 17,5 mil millones de dólares representan préstamos, un 80% es interno y el resto externo.
“(…) manifestamos nuestra profunda preocupación ante la promulgación de la Ley 1613 que pone en vigencia el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, sin el correspondiente debate ni aprobación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Consideramos que esta acción refleja una alarmante desconexión con las realidades económicas del país y un preocupante precedente en la gestión institucional”, señala el comunicado.
Cainco ha manifestado de manera clara y reiteradamente su preocupación ante las decisiones económicas que carecen de un enfoque sostenible y realista, pero más allá de esto, señalamos categóricamente que el PGE 2025 es una firme intención de perpetuar las deficiencias estructurales de la economía boliviana, poniendo en riesgo la estabilidad del sector productivo, y acentuando los desafíos ya existentes, como lo hemos manifestado anteriormente.
Por segundo año consecutivo, el presupuesto es aprobado unilateralmente, limitando la discusión plural y necesaria en una democracia. Este proceder bloquea la posibilidad de incorporar ajustes y mejoras que reflejen las necesidades del país.
La Comisión de Planificación eliminó dos artículos y planteó nueva redacción para otros tres artículos, pero la dilatación para su tratamiento en el pleno, frenó el avance del debate y se priorizó el receso anual de la ALP, una clara señal de que el futuro económico del país está atrapado en profundos intereses político-partidarios y no enfocado en el bienestar del pueblo boliviano.
La autorización de endeudamiento externo por hasta 4.000 millones de dólares para apoyo presupuestario, deuda pública y emergencias, agrava la ya delicada situación financiera nacional y demuestra que no existe la voluntad para la atracción de divisas, el status quo sólo perpetuará la crisis, sostienen.
La vigencia de la disposición adicional séptima, que otorga facultades a las entidades del Estado para decomisar productos de la canasta familiar, refuerza incertidumbre y afecta gravemente la confianza en el clima de inversión y actividad económica. Esta medida, lejos de solucionar los problemas de abastecimiento, desincentiva la producción, comercialización, entre otros.
“El diseño del PGE refleja una visión desconectada de las dificultades económicas reales del país, incluyendo la crisis inflacionaria, la caída de las reservas internacionales y el estancamiento productivo”, asegura la Cainco.
Cainco hace un llamado urgente a las autoridades nacionales para trabajar con políticas económicas realistas y efectivas que estimulen la inversión, generen empleo y fortalezcan la seguridad jurídica.
Mientras tanto, al no haber convocado, a propósito, a sesiones para el tratamiento de la Ley del PGE, Omar Yujra ha incumplido sus deberes y funciones, por lo que en algún momento debería ser juzgado judicialmente, según el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza Y., publicado en su cuenta @g_espinoza.

Datos
Como se recordará, el PGE fija un crecimiento menor de 3,51%, una inflación alta de 7,5%, un déficit fiscal de 9,2%, una menor inversión pública de 4.024 millones de dólares, así como mayor gasto corriente y eleva a más de 2.000 millones de dólares la subvención.