Confiscación de productos pone en riesgo sostenibilidad de empresas y miles de empleos
Tras la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, unilateral, debido a que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no debatió ni aprobó el mismo y el artículo que se refiere a la confiscación de productos esenciales a los comercializadores, los empresarios señalan que la medida pone en riesgo la sostenibilidad de los emprendimientos económicos y miles de empleos, además esperan una convocatoria del Gobierno para tratar el tema.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia), Eduardo Olivo Gamarra, cuestionó a través de un comunicado, que el Gobierno nacional haya aprobado el Presupuesto General del Estado 2025 de manera unilateral y sin consenso, en el que está incluida la disposición adicional séptima que otorga facultades al Estado para activar acciones de comiso de productos a quienes pretendan encarecer los precios.
Incluso, consideró que con ese tipo de normas se quiere “asfixiar” a los empresarios, quienes apuntan el origen del alza de los precios de los productos y alimentos, al tipo de cambio y la irregular provisión de combustible en el país.
Explicó que son varios factores que implican el proceso como los productores de la materia prima, importadores, industrializadores y, por último, comercializadores, la variación de uno de ellos de la cadena productiva se refleja en el incremento del precio del producto para la venta.
“Me parece que no es correcto que el Gobierno quiera asfixiar a los empresarios con esa disposición, siendo que el riesgo de incremento de precios, obedece al alza del tipo de cambio y a la irregular distribución de combustibles. Dos variables que son responsabilidad única del Gobierno”, apuntó.
Esa medida sólo pone en riesgo la sostenibilidad de miles de empresas, que generan empleo y aportan a la estabilidad económica nacional, alertó a tiempo de indicar que como empresarios están a disposición del diálogo todas las veces que se requiera.
El representante empresarial dijo que están dispuestos a sentarse en una mesa de negociación, las veces que sean necesarias para eliminar o modificar el artículo adicional séptimo, siempre y cuando el Gobierno esté dispuesto a buscar resultados que velen por los empresarios y por la población en su conjunto.
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