Ven que la idea de que la población acuda a las urnas para elegir solo a una parte de sus autoridades judiciales es “absurda”, y tratar de forzar esa forma de votación, está al margen de la ley.
> Advierten que, lo verdaderamente preocupante es lo que pueda llegar a ocurrir con las elecciones generales 2025, si se mantiene el estado de “suprapoder” que actualmente ostenta el TCP.
> Esta semana, el Tribunal Constitucional, mediante una Sentencia, ratificó la realización de las elecciones judiciales parciales, a realizarse el día 15 de este mes.

Tras la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para ratificar la realización de las elecciones judiciales, de forma parcial, además de conminar a jueces y salas constitucionales a no emitir fallos contrarios a esta disposición, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, cuestionó y calificó como “absurdo” que autoridades de justicia “prorrogadas” insistan en proteger un proceso ilegal.
En conferencia de prensa, Barrientos expresó su rechazo a las recientes determinaciones del TCP para buscar de “blindar” el proceso de las elecciones judiciales, pese a que ninguna normativa respalda la realización de estos comicios de forma parcial.
Según la legisladora de oposición, la idea de que la población acuda a las urnas para elegir solo a una parte de sus autoridades judiciales es “absurda”, y el hecho de que se trate de forzar esa forma de votación, es una determinación que definitivamente está al margen de la ley.
“Lo del Tribunal Constitucional ya es una cosa ‘absurda’, no se puede blindar una cosa que es inconstitucional, no se puede elegir en unos casos si y en otros no, o al revés”, cuestionó Barrientos.
En ese contexto, llamó a la reflexión de autoridades judiciales que aún tienen en sus manos la definición de recursos con los que se pueda reencaminar el proceso de los comicios judiciales para su realización completa.
“Ojalá entiendan que primero está el país y haya jueces probos que estén dispuestos atender las demandas de la ciudadanía y opten por darle al país un proceso adecuado”, indicó la asambleísta en relación al recurso de Acción Popular presentado por representantes del pueblo indígena Guaraní, solicitando que las elecciones judiciales se lleven adelante de manera total y no parcial.
Dicho recurso será analizado por la Sala Primera Constitucional del departamento de Tarija, este viernes.
En criterio de Barrientos, más allá de lo que se defina en la referida audiencia o posibles nuevas maniobras que se presenten para perjudicar el desarrollo de las judiciales, lo verdaderamente preocupante es lo que pueda llegar a ocurrir con las elecciones generales 2025, si se mantiene el estado de “suprapoder” que actualmente ostenta el TCP.
“Me parece que estamos en un estado de situación demasiado peligroso y de alta inconstitucionalidad pare el país”, sostuvo.
Reiterando que en las actuales circunstancias, la elección general corre un alto riesgo de no llevarse a cabo, Barrientos advirtió que desde el Órgano Ejecutivo existe “una seria intensión de autoprorrogarse”, posibilidad que debe ser ampliamente rechazada por la ciudadanía.
“Deben haber elecciones en agosto del año 2025 y debe haber una transmisión de mando en noviembre de es año, como corresponde de acuerdo a ley”, concluyó.
El miércoles, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la Sentencia Constitucional 0777/2024-S4, ratificó la realización de las elecciones judiciales parciales, a realizarse el día 15 de este mes.
Según el fallo, son declarados nulos todos los actos que busquen someter nuevamente a análisis lo ya resuelto sobre el proceso de elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el TCP, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental y cualquier resolución contraria a esta disposición, será remitida al Ministerio Público y a instancias disciplinarias.
Ayer, a través de sus redes sociales, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé calificó de “insólito” que dos exmagistrados “autoprorrogados” insistan en mutilar las elecciones judiciales, sometan al TSE y ahora amenacen con procesar a todo aquel que les contradiga.
Anteriormente, Barrientos había afirmado que, tanto una votación incompleta, como una anulación de todo el proceso de las judiciales, generarán un enorme daño económico al Estado.
Para la legisladora de oposición, por ahora, lo único claro es que los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional están generando un “gran daño económico al Estado” en caso de la suspensión de esta elección, o realizándola a medias. “Mi impresión es que no se va llevar a cabo la elección judicial”, adelantó.